viernes, 29 de enero de 2010

Auxiliar de Seguridad ( por cortesia del compañero elazote )

La mayoria de las veces que nos pronunciamos sobre los auxiliares de seguridad lo hacemos de forma incorrecta ya que dicha figura no existe en seguridad privada.

Debemos de tener claro que dicha figura no existe y tener mas claro aun que a quien nos referimos es a los auxiliares de servicios.
El auxiliar de servicios es una figura sin cualificar en nuestro ambito de trabajo, por lo tanto no puede ralizar las tareas que suelen hacer normalmente y que tienen que ver con este mundillo.

El auxiliar de servicios es una figura inventada por las empresas de seguridad para ahorrarse dinero y ganarlo a la vez, haciendo que estos, la mayoria de las veces, usurpen y realicen las tareas que les son propias a los vigilantes de seguridad. Cometiendo con ello un salto a la torera de la ley de seguridad privada y haciendo que cometan el delito de intrusismo profesional tipificados en el codigo penal español en los articulos 402 y 403


Artículo 402. El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
Artículo 403. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses.Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años


La mayoria son grandes desconocedores tanto del delito que cometen ya que las empresas, en beneficio propio, “les orientan mal”, como de la ley 23/1992. Comentar también que el ser desconocedor de dicha ley no exime a la persona de cumplirla. Por lo tanto dicha persona ha de atenerse a las consecuencias de sus actos.
Es mas, como bien reconoce el ministerio del interior en las ultimas atribuciones de funciones en los centros comerciales, hace referencia a dicho personal como auxiliares de servicios y recalcando que nada tienen que ver con el personal de seguridad privada.

Solo decir que frente a la lacra del intrusismo que afecta especialmente a nuestro sector, la unica solucion es denunciar en seguridad privada o anónimamente a traves de las paginas que ponen a vuestra disposición los foros amigos que solemos frecuentar. En todo esto solo hay un perjudicado, que es el vigilante de seguridad. Y un beneficiado que es la empresa que se aprovecha de la situación.

Salu2

Cascos protectores para los vigilantes de seguridad en los campos de fútbol ( por cortesia de la compañera aire )

CASCOS PROTECTORES PARA LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL

A menudo vemos como Vigilantes de Seguridad sin protección alguna, velan por la seguridad en campos de fútbol junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ataviados con cascos, escudos, protecciones antitraumas, etc.

Pues bien , a raíz de la consulta realizada por una empresa de seguridad sobre la legalidad del uso del CASCO PROTECTOR por parte de los Vigilantes de Seguridad en los campos de fútbol, la Unidad Central de Seguridad Privada emitió en su día un informe en el que concluyó,
QUE DE FORMA EXCEPCIONAL Y PREVIA SOLICITUD AL DELEGADO DEL GOBIERNO, se puede autorizar esta medida de protección cuando se observaran los siguientes requisitos:

1. Que los cascos se utilizarán en los encuentros baremados de alto riesgo por el
R.D. 769/1993 de 21 de mayo y aquellos otros de especial conflictividad a juicio de las FF.CC. de Seguridad...

2. Que su utilización se restringiera para determinados puestos y no para la totalidad de los vigilantes que presten servicios en el campo, teniendo en cuenta los criterios establecidos por los Coordinadores de Seguridad, y, en aquellos lugares donde no los hubiere por los responsables de las FF.CC. de Seguridad.

3. Que los cascos utilizados sean distintos y no puedan confundirse con los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y sean iguales para todas las empresas de seguridad y así evitar la disparidad de modelos y colores.

4. Que la autorización concedida sea comunicada a esta Unidad Central.

5. En los supuestos supraprovinciales, la autorización para utilizar tales medios de manera excepcional, debería ser dictada por el Director General de la Policía.




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lunes, 25 de enero de 2010

RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL (T.I.P)

Durante el próximo año 2007-08 caducarán, aproximadamente, unas 50.000 T.I.P's de vigilantes de seguridad, y sus especialidades, así como unas 400 habilitaciones de jefes y directores de seguridad.

Dada la magnitud de renovaciones que se producirán, cantidad a la que debemos sumar las habilitaciones anuales, que ascienden a unas 15.000, aproximadamente, a esta Unidad le es materialmente imposible avisar a los interesados, entendiendo que son éstos los que deben estar pendientes de su documentación para cumplir con los trámites y formalidades establecidos en la Ley.

Siendo conscientes de la dificultad de horarios de los vigilantes de seguridad, se establece un plazo de renovación de tres meses desde la fecha de caducidad, tiempo suficientemente extenso para realizar los trámites de renovación.

Se adjunta Modelo de Instancia, en la cual consta la documentación necesaria para solicitar la renovación de la T.I.P., que se presentará en las Unidades Territoriales de Seguridad Privada de la ciudad en la que trabaje el solicitante.

Asimismo, dentro de la prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada, está pendiente de autorización y aprobación una tasa por renovación por caducidad de la T.I.P., que una vez fijada se hará constar.

Por todo ello, y considerando lo anteriormente expuesto, sería de gran eficacia que se procediera a la mayor difusión de esta información, con el fin de que conozcan el procedimiento y así agilizar los trámites.


NOTA: TODAS las Tarjetas de Identidad Profesional del Personal de Seguridad Privada (T.I.P) hay que renovarlas cada 10 años.

ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1995, POR LA QUE SE DA CUMPLIMIENTO A DIVERSOS ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE PERSONAL (BOE núm. 169, de 17 de julio), EN SU REDACCIÓN DADA POR LA ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1999 (BOE núm. 24, de 28 de enero), POR LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2001 (BOE núm. 125, de 25 de mayo) Y POR LA ORDEN INT/1751/2002, DE 20 DE JUNIO (BOE núm. 165, de 11 de julio)

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al Ministerio de Justicia e Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada.

De acuerdo con el mandato recibido, en la presente Orden:

Se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su autorización, y los que han de reunir los profesores para su acreditación, determinándose los módulos de formación, y completándose la regulación sobre titulaciones y diplomas.

Se establecen las características de las Tarjetas de identidad profesional de las distintas especialidades de personal de seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro, previa regulación complementaria de las pruebas necesarias para la obtención de aquéllas.

Se complementan las normas reglamentarias relativas al ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada, especialmente de los vigilantes de seguridad, determinando su uniformidad, armamento, distintivos y medios de defensa.

En su virtud, dispongo:
...
Decimotercero. Tarjeta de identidad profesional.

La Tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las características que se determinan en el anexo 5 a la presente Orden.

La Tarjeta de identidad profesional ha de ser firmada por su titular, en presencia del funcionario que se la entregue, y tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.


Por cortesia de la compañera @ire

martes, 19 de enero de 2010

El intrusismo en la seguridad privada se dispara con la crisis

Las multas, que pueden alcanzar los 600.000 euros, se duplicaron en 2009

El intrusismo ha sido siempre un problema en el sector de la vigilancia privada. Pero con la crisis se ha agravado. Las empresas meten la tijera a sus gastos y terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas pueden alcanzar los 600.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio de Interior.
Sólo pueden llevar porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén autorizados. Y éstos sólo deben hacer las funciones que le encomienda la ley no están, por ejemplo, para supervisar una caldera de calefacción o recoger los carritos del supermercado. Lo suyo es vigilar para garantizar la seguridad.
Para ser vigilante de seguridad es necesario superar una formación en un centro reglado, en Albacete hay tres. Y después aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física, además de aportar el oportuno reconocimiento médico. Superadas esas pruebas, que se hacen en Valencia, ya se tiene la habilitación para trabajar como vigilante, pero no pueden hacerlo directamente, sino que estos profesionales tienen que estar contratados siempre a través de una empresa.
Bajos sueldos
El sueldo de un vigilante no es que sea para tirar cohetes, poco más de 1.000 euros brutos al mes fija el convenio, aunque aquellos que hacen horas extras o trabajan por las noches pueden ganar algo más, hasta unos 1.200 euros si trabajan ocho horas nocturnas, apuntan fuentes sindicales. Pese a ello, recurrir a personal sin habilitación sale más barato, pues un auxiliar no cobra más allá del salario mínimo interprofesional, 633 euros brutos mensuales por doce pagas.
«Nosotros hacemos infinidad de denuncias, pero no es fácil demostrar que alguien que está como conserje al mismo tiempo hace de vigilante», explica Francisco Marcos Salvador, delegado de CC OO en este sector, que resalta la voluntad de la Policía Nacional por evitar la presencia de estos intrusos, pero se queja de la falta de medios para ejercer un mayor control policial.
Este control es cosa de la Unidad Provincial de Seguridad Privada, cuyo responsable, el subinspector jefe, Sebastián Sotos, hace todo lo posible por acabar con el intrusismo en este sector. Siempre que conocen un posible caso, allá que se presentan y no dudan, por ejemplo, en simular un robo para comprobar si aquel que está en la puerta como conserje, a la hora de la verdad ejerce como vigilante, una prueba que les sirvió para demostrar un caso de intrusismo en una perfumería de la capital hace poco.
El subinspector jefe advierte a las empresas de que si en uno de estos controles son 'cazadas', «no les va a compensar» el ahorro de costes, «porque a quien incumple la norma, se le sanciona» y las multas van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros.
«No tenemos un afán recaudatorio, lo que queremos es que las empresas funcionen lo mejor posible», recalca este responsable policial, por eso antes de llegar a la sanción se suele hablar con las empresas para apercibirles de que no están actuando debidamente.
La decisión última de si se impone o no una multa es cosa de la Subdelegación del Gobierno, pero el subinspector Sotos destaca la «buena sintonía» que existe entre la policía y la autoridad gubernativa. Sólo el año pasado se impusieron 12 sanciones por intrusismo, el doble de las que solían ser habituales. Uno de los casos de intrusismo más grave se detectó en Albacete hace unos tres años, en pleno boom del ladrillo, en las obras de urbanización de la barriada construida en torno a la Facultad de Medicina. Tras una fuerte campaña de inspecciones, la Policía Nacional terminó deteniendo y enviando a prisión al cabecilla de un clan gitano que presionaba hasta conseguir que los contratasen como vigilantes en las obras.
En la provincia de Albacete habrá unos 500 vigilantes privados en activo. Y entre la crisis y estos casos de intrusismo cada vez lo tienen más difícil para encontrar trabajo.
Mucho paro en el sector
Empresas que cierran; fábricas, centros comerciales o establecimientos públicos que optan por recortar en horas de servicio e instalaciones donde directamente se opta por prescindir de la vigilancia personal y confían toda su seguridad a otros sistemas. «Quito el vigilante y dejo la alarma y si me roban, pues mala suerte, recurro al seguro, es lo que piensan algunos», explica el subinspector Sotos, que añade que si esto se hace en Albacete es porque la provincia es bastante segura y no tiene un nivel excesivo de robos.
Sólo un ejemplo, hasta no hace mucho, todos los huertos solares tenían un vigilante, ahora casi ninguno cuenta con la presencia física de estos profesionales.
Por eso el paro está tocando de lleno a este sector, y que según CC OO, hasta las administraciones públicas están recortando horas de servicio en su vigilancia. Si hasta hacer poco más de un año, las empresas de vigilancia andaban como locos buscando profesionales habilitados, ahora eso no sucede, «me atrevería a decir que de los más de 300 vigilantes nuevos que se habilitaron el año pasado, no ha trabajado ninguno», acierta a decir el subinspector Sotos, que señala el punto de inflexión en enero de 2009. Y el número de vigilantes en paro aumenta no sólo porque haya menos trabajo, sino también porque muchos parados han visto en este oficio una posible salida a su situación -debido, además, a que se les ofertan cursos subvencionados para formarse en este campo-, de tal manera que si antes las promociones de vigilantes eran de 30 personas, ahora son de 80.
Atrás quedaron los tiempos en los que hablaba de un déficit de 20.000 vigilantes en toda España, -de eso hace unos tres años-, que llevaba a pedir a las empresas un cambio legislativo que permitiese entrar a los inmigrantes extracomunitarios en la seguridad privada.

Petición de 912 años para seis 'grapos' por matar a dos vigilantes

La Audiencia Nacional juzga desde hoy el asalto a un furgón en 2000

El fiscal pide un total de 912 años de cárcel para seis miembros de los GRAPO, incluido su histórico jefe, Manuel Pérez Martínez, el Camarada Arenas, por el atraco a un furgón blindado de la empresa Prosegur en Vigo (Pontevedra), en el que fueron asesinados dos vigilantes y otras cuatro personas resultaron heridas. El juicio, que comienza hoy en la Audiencia Nacional, se dirige contra el también histórico Fernando Silva Sande, y los grapos Israel Torralba, Mónica Refojos, Esther González Ilarraz y Marcos Martín Ponce.

El 8 de mayo de 2000, un comando de seis miembros de los GRAPO colocó tres cargas explosivas al paso del furgón blindado de Prosegur que hicieron explosión cuando el vehículo se dirigía a la Gran Vía de Vigo, en un traslado de fondos del Banco de España.

La carga principal fue colocada en el centro del carril de la carretera, alcanzando al furgón y causándole importantes daños que lo inutilizaron. Dos cargas más hicieron explosión y otra no llegó a estallar.

Al detenerse el furgón, los grapos abrieron fuego con sus armas desde ambos costados. Los vigilantes jurados Jesús Sabral Otero y Manuel Espada Pérez salieron del vehículo para repeler la agresión, resultando el primero gravemente herido por los disparos de los agresores. Espada consiguió refugiarse en el compartimento trasero de carga, y aunque sufrió lesiones por disparos de Silva Sande, consiguió alcanzar al asaltante Marcos Martín Ponce. El conductor del furgón, Gonzalo Torres Lage, salió por la puerta izquierda del vehículo siendo alcanzado por disparos del comando terrorista.

Durante el atraco, el grapo Israel Torralba consiguió colocar una bomba lapa en la ventanilla posterior. Una vez abatidos los vigilantes de seguridad, el jefe del comando terrorista, Fernando Silva, logró apoderarse de tres bolsas de plástico con moneda fraccionaria, que abandonó antes de introducirse en el vehículo preparado para la huida.

Como consecuencia de los disparos fallecieron el conductor del furgón, Gonzalo Torres, y el vigilante Jesús Sobral, y heridos Manuel Espada y el grapo Martín Ponce. También resultaron con lesiones tres transeúntes.

Los vigilantes de los atuneros tienen orden de disparar a matar a 600 metros

El protocolo de protección prevé que se emplee "toda la fuerza letal" cuando los piratas desoigan los disparos de intimidación

P. CERRADA Las normas de enfrentamiento entregadas por la empresa responsable de la protección de los atuneros que faenan en el Océano Índico a los equipos de seguridad desplegados en cada barco contemplan que en caso de ataque los agentes, tras efectuar tiros intimidatorios y los piratas no hagan caso, disparen a matar para evitar el abordaje. Según señala el Manual de Protección de Segur Ibérica, al que ha tenido acceso este diario, cuando el barco pirata se encuentre "a unos 600 metros de distancia o en caso de recibir fuego enemigo, se empleará toda la fuerza letal, con contundencia, para evitar el abordaje".
Además de este protocolo, vigilantes consultados por este diario aseguran que en el vuelo que trasladó de El Altet a las Seychelles a 54 vigilantes un responsable de la empresa les explicó que en caso de ataques debían disparar a matar y luego poner en el parte "sin novedad".
Una portavoz de la empresa aseguró que "no hay indicaciones a los vigilantes para que disparen a matar" y señaló que el protocolo es un manual confidencial que "tiene los visados de Defensa e Interior". Asimismo, Segur Ibérica asegura que no tienen constancia de ninguna incidencia entre unos vigilantes y un capitán de un atunero que les instó a matar a los piratas "sin contemplaciones", como ha denunciado a este diario un agente de seguridad.
El apartado del manual referido a los enfrentamientos indica que el uso de la fuerza "se limitará siempre al mínimo imprescindible para tratar de disuadir a los piratas y conseguir que abandonen su ataque". No obstante, señala a continuación que "el derecho de autodefensa o legítima defensa, según la legislación penal, no está limitado". Por ello, añade el protocolo, "en caso de que la disuasión no surta efecto se empleará la fuerza contra los agresores para evitar a toda costa que se produzca el abordaje y el secuestro".
El manual establece cuatro pasos en caso de que se detecten embarcaciones sospechosas que se aproximen. Así, la primera medida es dar un aviso por la emisora para que desistan de su actitud porque llevan un equipo armado a bordo.
Si el barco pirata continúa acercándose "se harán disparos de intimidación al aire" y "si todavía no desiste y sigue cerrando distancia o si se detecta personal armado a bordo, cuando llegue a la distancia eficaz de las ametralladoras, unos 1.000 metros (0,55 millas), se abrirá fuego por la proa de la embarcación, acercando la distancia del fuego, según se vaya acercando". El cuarto y último paso es la utilización de "toda la fuerza letal" para evitar el abordaje.

"Le dijimos al capitán que no somos asesinos"
Uno de los vigilantes que trabajó en uno de los atuneros, el malagueño José Sánchez, aseguró a este diario que tras embarcar los cuatro agentes en el Txori Toki "su capitán nos dijo que había que matar a los piratas sin contemplaciones, pero le dijimos que no somos asesinos". Este vigilante de seguridad, que fue despedido al regresar a España, explicó además que tuvo un incidente con este capitán porque sufrió graves quemaduras del sol en la cabeza tras perder su gorra y "no quiso desembarcarme a pesar de estar dos días sin conocimiento y diez días trabajando con 39,7 grados de fiebre".

Un grapo acusa a Silva Sande de matar a los vigilantes del furgón de Vigo

Comienza el juicio contra los siete imputados que están relacionados con el asalto de mayo del 2000

El responsable militar de los Grapo, Marcos Martín Ponce, acusó a su ex compañero y dirigente de la organización Fernando Silva Sande de ser el responsable directo de la muerte de los dos vigilantes de seguridad durante el atraco a un furgón blindado en Vigo el 8 de mayo del 2000.
Marcos Ponce realizó esta acusación durante la primera jornada del juicio que ayer comenzó en la Audiencia Nacional, en el que se acusa a siete miembros de esta organización terrorista de haber tenido alguna relación con dicha acción violenta. Tras poner tres cargas explosivas al paso del blindado por la carretera Provincial, en la intersección con la Tercera Travesía, dispararon contra los vigilantes que iban en su interior, matando a Gonzalo Torres y Jesús Sobral, e hiriendo a Manuel Espada. Ante la llegada de un segundo blindado, huyeron en un vehículo.
A preguntas del fiscal, Ponce aseguró que Silva Sande manifestó durante las reuniones que tuvieron para la preparación del atraco que estas acciones no habían salido bien en otras ocasiones porque se había dejado salir con vida a los vigilantes. «Hay que matarlos», afirma que repitió días antes del atraco. Además, resaltó que los asesinatos «son prácticamente obra suya». Y añadió: «En las siguientes reuniones se vanagloriaba de haber disparado a los vigilantes, presumía de ser un cowboy al que le gustaba agujerear a los guardias. Si le hubiéramos dejado, hubiera matado al tercer vigilante».
Asimismo, señaló que Silva Sande era el jefe del comité militar de los Grapo, que tomaba todas las decisiones: «Decía que era el único que tenía experiencia militar, y por eso imponía sus decisiones. Los jefes de los comandos hubieran propuesto otro tipo de preparativos, pero el único voto válido era el suyo».
En el primer día de juicio, el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, tomó declaración a los siete acusados. De ellos, tanto Martín Ponce, imputado por preparar y cometer el asalto, como Israel Torralba -que alquiló el piso donde se alojaron, efectuó seguimientos a los furgones de Prosegur y participó en la acción- y Mónica Refojos, también acusada de participar en el atraco, señalaron a Silva Sande como el responsable de la organización que tomaba las decisiones.
Sin embargo, este rechazó su participación en el atraco al furgón, pues dijo que no ha estado nunca en Vigo, y también negó que él tomara la decisión de llevarlo a cabo: «Tenía conocimiento de que iban a efectuar esta acción, pero mi opinión no tenía ninguna relevancia. Se trató varias veces el asunto en la comisión política de la que yo formaba parte, pero no hice ningún informe ni tomé ninguna decisión». Es más, Silva Sande, que estuvo en todo momento separado de sus ex compañeros y custodiado por dos agentes por haber colaborado con la policía, negó que conociera a los que participaron en dicha acción violenta.
También fue llamativa la declaración de Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE-r y conocido como camarada Arenas, pues negó que tuviera relación con los Grapo y dijo que solo conocía a Silva Sande de haber coincidido dos veces en la cárcel. Sin embargo, no se ahorró ningún calificativo despectivo a la hora de describirlo.

Nueva insignia propuesta al Ministerio del Interior