martes, 28 de agosto de 2012

CCOO y UGT critican "graves" efectos del "recorte" en personal de seguridad en el recinto del Médico-Quirúrgico


Los sindicatos CCOO y UGT en Jaén han criticado las "graves" consecuencias del recorte en personal encargado de la seguridad en el recinto que alberga los hospitales Médico-Quirúrgico, Materno-Infantil y el Centro de Diagnóstico, pasando de cuatro a dos vigilantes para cubrir seis edificios y unos 50.000 metros cuadrados.
A través de un comunicado, Comisiones ha alertado de esos efectos tanto para quienes presta servicios médicos, como para el propio servicio de vigilancia que "se ve desbordado por la falta de operativos, ya que cada vez hay menos vigilantes en cada turno". En concreto, en lo que va de año se ha pasado de "cuatro vigilantes por turno a solo dos" en el referido recinto, mientras que los centros Neurotraumatológico y Doctor también están "bajo mínimos".
Según ha añadido, comunicaron a la empresa, Prosegur, y al SAS que "eran insuficientes" y tras 24 días se ha demostrado su "razón", después de que el pasado viernes se produjera un incendio en el edificio de suministros. El protocolo de actuación está diseñado para que su desarrollo por cuatro vigilantes de seguridad, de modo que se puso "en grave peligro la vida" de los dos vigilantes, que tuvieron que ser atendidos por intoxicación, y del resto de personal".
Al mismo suceso se ha referido, igualmente en un comunicado, UGT, que ha explicado que los vigilantes "no disponen de las nuevas órdenes de puesto y el nuevo plan de prevención de riesgos laborales por parte de la adjudicataria del servicio "para este recorte". CCOO ha abundado en que está obligada, según Ley de Seguridad Privada, cada vez que se produce una modificación en el puesto de trabajo, como "ha ocurrido en el Complejo Hospitalario donde se ha reducido un 33 por ciento la plantilla de operativos de seguridad".
Junto a ello, la Federación de Servicios de UGT ha criticado que tampoco cuenten con un nuevo plan de emergencias y evacuación que debe de facilitar el Complejo Hospitalario, puesto que el que poseen está "obsoleto, por no ajustarse a las nuevas circunstancias". Estas "irregularidades" provocaron, a su juicio, que los dos profesionales tuvieran que ser atendidos al tener que sofocar junto al personal de mantenimiento parte del incendio.
RESPONSABLE
"Gracias a ellos y a la rápida actuación de los servicios de Bomberos no se han producido víctimas mortales, ya que en el edificio en ese momento no había trabajadores", ha destacado UGT. También CCOO ha expresado su satisfacción por no tener que lamentar perjuicios mayores, a pesar de lo cual ha afirmado que "se denunciará también a la empresa Prosegur, por entender que es la mayor responsable de estas situaciones, ya que es la primera en poner en riesgo la integridad y la salud de los vigilantes".
En este sentido, ha censurado que en lugar de oponerse al SAS "acepta cualquier condición con tal de mantener al cliente así sean despidos o poner en riego la vida de sus trabajadores" y, lo que es más grave aún, "haciendo caso omiso" a las indicaciones del técnico de prevención de la propia compañía.
"Queremos recordar de nuevo, a la dirección del Complejo, que deben de garantizar la seguridad a trabajadores y usuarios y que recortar en prevención y seguridad no es el mejor camino a seguir, ya que reducir un 50 por ciento el personal de seguridad en solo dos años, pone muy difícil a estos profesionales garantizar la seguridad de los trabajadores e instalaciones en el Hospital Médico Quirúrgico", ha agregado UGT.

Los sindicatos reanudan este martes en Cantabria las movilizaciones en la seguridad privada


Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF reanudarán este martes en Cantabria las movilizaciones para exigir a las empresas de seguridad privada el cumplimiento del convenio colectivo, con una concentración de protesta frente a la Estación de FEVE en Santander, convocada a las 11 horas.
Según informan los sindicatos convocantes, la concentración ante la estación ferroviaria se incluye dentro de la campaña de movilizaciones emprendida en toda la geografía nacional en contra de los incumplimientos del convenio colectivo decididos por algunas empresas que "imponen reducciones salariales con el fin de acaparar mercado a menor precio".
UGT, CCOO, USO y CSIF aclaran que con la movilización en la Estación de FEVE los sindicatos reivindicarán también su rechazo a recortes en la seguridad privada de los ferrocarriles y reclamarán a la Administración que, como cliente de empresas de seguridad privada, exija a éstas el cumplimiento del convenio colectivo y no adjudique el servicio con presupuestos a la baja "que hacen inviable respetar las condiciones laborales y económicas estipuladas en el convenio".

Los ayuntamientos contratan cada vez más vigilancia privada que hace funciones policiales


Los jefes de Policía Local de la provincia han puesto de relieve que pese a la falta de recursos económicos que muchos ayuntamientos argumentan ante su incapacidad para corregir estas situaciones, y "para tratar de callar al ciudadano en cuanto a seguridad se refiere, han aparecido en muchos municipios las figuras de auxiliares, vigilantes, controladores, seguridad, informadores y un largo etc, bien contratados directamente por el Consistorio, o a través de empresas privadas, a los que se les coloca una uniformidad similar, y en algunos casos, exactamente igual a la de la Policía Local".
Este tipo de personal contratado para ejercer funciones de vigilancia o seguridad en las vías públicas, argumentan los jefes de Policía Local en su documento "además de no estar capacitado para desempeñar tales tareas, carecen de respaldo jurídico, llegando incluso el ciudadano a relacionarlos erróneamente como miembros integrantes de la Policía Local supone un intrusismo profesional que afecta a la seguridad de quienes se exponen a él". Al respecto añaden que en muchas localidades, sobre todo medianas o medias "los policías locales que se han jubilado no han sido reemplazados por otros, aunque sí se han contratado este tipo de vigilantes, con lo cual se dan situaciones de municipios en los que no hay ni un solo policía local, estando la seguridad en manos de personal no cualificado para ello".
El presidente de la Asociación Profesional de Jefes de la Policía Local de la Provincia de Huelva, Leonardo Díaz, añade que "ahorrar en seguridad hasta éstos límites trae como resultado una bajada de moral en el colectivo" que repercute directamente en un "mal servicio de los ayuntamientos ".

La facturación de las empresas de seguridad privada cae un 20% en Catalunya


Las empresas y la administración recortan en vigilantes y alarmas. La fusión de entidades bancarias ha supuesto una reducción del número de servicios de recogida de dinero a los bancos porque hay menos oficinas.
El sector de la seguridad privada en Cataluña acumula un descenso de la facturación del 20 por ciento en los últimos 4 años. Reciben las consecuencias directas de los problemas que padecen de otras empresas, que han recortado gastos en vigilantes y sistemas de alarma. La administración, sobre todo ayuntamientos, también han reducido la contratación de algunos servicios. Incluso la fusión de entidades bancarias ha obligado a reducir el número de furgones que hacen la recogida de dinero porque ahora la ruta es más corta.
La caída del negocio se ha acentuado a medida que la economía se iba hundiendo. Como en otros sectores, el de la seguridad privada ha sufrido también la repercusión directa del mal momento que pasan otras compañías. Sobre todo porque al cierre de empresas, por lo tanto, ya no necesitan ningún sistema de seguridad, se ha añadido la necesidad urgente de recortar gastos tanto en el sector público como privado y muchas han optado por reducir en vigilantes y renovación de alarmas.
En la Ciudad de la Justicia, por ejemplo, en L'Hospitalet de Llobregat, ya trabajan 20 guardias menos desde hace unos meses. Los 80 que quedan trabajan más ya que a las empresas les sale más a cuenta ya que les pagan 7 euros la hora extra mientras que en horario normal, el coste medio por empleado es el doble . Javier Mirallas, presidente de Prosegur en Cataluña , con una plantilla de 5.000 personas, asegura que también se han visto obligados también a hacer algunos ajustes. "Esta reducción de la inversión en el capítulo de seguridad lo tenemos encima y lo vivimos con una cierta angustia porque es mano de obra directa, capital humano y bueno ".
Prosegur junto con 13 grandes empresas forman parte de Aproser, la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad Privada que cifra las pérdidas en facturación en un 20% desde el año 2009. Tardaron más en notar los efectos de la crisis pero finalmente los ha acabado tocando también. El capítulo en el que más se ha recortado es el de las alarmas y cámaras de videovigilancia. Anna Aisa, gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad cree que es necesario un cambio de mentalidad: "Hasta que la gente no se mentalice que invertir en seguridad no es sólo un gasto costará. Si lo ves como un gasto recortas y ya está. Ahora con dos vigilantes y una cámara ya hacen suficiente y antes quizás en este servicio había 10 personas ".
Pero aún hay otro servicio que ha sufrido restricciones. Son las furgonetas blindadas que recogen dinero a los bancos. Hay compañías que han pasado de 3 vehículos a uno cada noche: "El cierre de oficina afecta al transporte de fondos porque es una ruta menos que haces", añade Aisa. El sector está esperanzado con algunos anuncios políticos como la propuesta del Consejero de Interior de sustituir los mossos que vigilan el perímetro de las prisiones catalanas por vigilantes privados. En Cataluña hay cerca de 12.400 vigilantes de seguridad y más de 250 empresas del sector según datos de la patronal, que situándola como la segunda en todo el Estado por detrás de Madrid.

Denuncia: cesión por ESABE de personal a SEQUOR Seguridad


Ante las noticias que nos están llegando de una presunta cesión por parte de ESABE de los contratos mercantiles y de su personal a la empresa SEQUOR SEGURIDAD, este vuestro Sindicato, Unión Nacional de Trabajadores (U.N.T.), ante este asunto tan serio no puede dejar de exponeros su opinión al respecto, así como las primeras medidas que pensamos adoptar. Unión Nacional de Trabajadores, que se caracteriza por ser un sindicato totalmente libre e independiente, sin ataduras de ninguna clase, no puede consentir ni permitir que a los trabajadores de la seguridad privada de la empresa ESABE ni de ninguna otra se les intente seguir engañando y amordazando para que continúen en la precariedad más absoluta con un cambio de empresa que está siguiendo la misma política de impagos y de denuncias que ESABE. Por lo que esa cesión sólamente supondría alargar todavía más la agonía de los trabajadores de esa empresa, en la que muchos de ellos llevan meses sin cobrar. Y en vista de las denuncias e impagos que como ESABE arrastra SEQUOR, desde UNT solicitamos a los Organismos Públicos que tienen contratos con la empresa ESABE, que los servicios que tiene esa empresa se les adjudiquen a las empresas que quedaron en segunda posición o vuelvan a salir a concurso público abierto y no sean cedidos a la empresa SEQUOR. A las empresas privadas que están en esa misma situación les haremos llegar nuestra opinión para que actúen de igual manera. Por lo que nos han comentado trabajadores de la empresa ESABE, a los vigilantes de algún servicio de Organismos Públicos y empresas privadas, ya les habrían comunicado que desde el día 1 de agosto pasaban a ser trabajadores de SEQUOR. Ante esto en UNT consideramos que se podría estar cometiendo una grave irregularidad, ya que los contratos de los Organismos Públicos de seguridad privada no podrían cederse a otra empresa ,lo que podría ser una Cesión Ilegal de Trabajadores, cosa que notificaremos a los clientes de la empresa ESABE, al entender que si una empresa no puede hacerse cargo del servicio y no puede pagar los salarios ni los impuestos, el servicio tendrá que adjudicarse a la que quedó en segundo lugar en el concurso o tendrá que convocarse un nuevo concurso abierto. Según tenemos entendido, hay algunos clientes de ESABE que aprovechando el escrito que ha presentado la empresa, han decidido rescindir el contrato y llamar a varias empresas solventes para que se hagan cargo del servicio. Otros clientes van a sacar el servicio de seguridad a un concurso nuevo, por lo que si esta postura lógica se generaliza por parte de las empresas privadas y los Organismos Públicos, a ESABE no le saldría muy bien su jugada. Ante esta situación la Dirección de ESABE continúa en su postura de no querer dar información ni dialogar de este asunto con los sindicatos para explicar lo que de verdad quieren y pretenden hacer y los motivos de esta cesión de trabajadores, continuando en su postura de secretismo y engaño. En Seguridad Privada, a nadie se nos escapa a estas alturas la situación trágica que genera ESABE a muchas familias de trabajadores y resulta estúpido pensar que las Administraciones Públicas y empresas privadas, han seguido contratando a ESABE para vigilar sus instalaciones a pesar de las innumerables denuncias y sentencias de esa empresa y que también viene teniendo la empresa SEQUOR, por lo que desde UNT no podemos pensar que son desconocedores de la situación presente y de la que va a generar SEQUOR en el futuro. Por lo que no queremos pensar que esas Administraciones Públicas y empresas privadas que tienen contratos con ESABE y que piensan cederlos a SEQUOR, por los motivos que ellos sabrán, les están diciendo a los trabajadores lo mismo que una diputada el otro día en el Congreso: "Que se jodan". Evidentemente, desde UNT no vamos a permitir ni consentir posturas que perjudiquen los intereses de los trabajadores.

Corsarios de corbata mueven en Londres un negocio millonario


"La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado cuando los piratas tienen representación legal en importantes y sofisticados bufetes de Londres". En pleno secuestro del 'Alakrana', en noviembre de 2009, Carme Chacón abrió la caja de Pandora en una entrevista. ¿A quién se refería la entonces ministra de Defensa?
Semanas más tarde, resuelto el secuestro del atunero previo pago de 2,7 millones de euros, según diferentes fuentes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una causa y pidió al CNI identificar a las "personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores". Pero los servicios de inteligencia hicieron oídos sordos al requerimiento amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Fin de la historia.
El 'modus operandi' de este pujante negocio, reconocen fuentes militares, tiene su cúspide en los despachos financieros de Londres, la popular 'City'. Bufetes británicos se encargan de negociar el rescate, cobran su comisión y envían el dinero a bancos de Kenia, vecina de Somalia.
Cuando los bancos comprueban el ingreso se lo comunican al jefe de los piratas, que toma la decisión de liberar el buque y reparte las ganancias entre sus huestes. Por encima de los piratas coexiste un grupo de inversores árabes que financian la piratería y facilitan la llegada de armas y material de defensa a los bastiones piratas. Este llega en barcos procedentes de la Península Arábiga, Yemen, Omán y otros países.
"CLUBES EXCLUSIVOS"
Toda esta operación, que garantiza la retroalimentación del negocio que en 2011 recaudó 130 millones en rescates, tiene su cerebro pensante en Londres. Son consultores trajeados y confidentes de los piratas, a los que informan de las rutas marítimas y los barcos más apetecibles. Al atunero vasco 'Felipe Ruano' le estaban esperando, pero logró escapar por los pelos de un ataque en 2010 frente a la costa somalí.
Uno de estos 'clubes exclusivos' es Holmun Ferwick & Willan. En su página de internet se venden como asesores especializados en conflicto, riesgo y disponen de todo el aparato legislativo para hacer uso de los recursos de las aseguradoras -incluida la satisfacción de extorsiones económicas- sin incurrir en delito.
En la acusación velada de la exministra Chacón se leerían también los nombres de despachos legales Stephenson Harwood y otros dos bufetes que cuentan con antiguos miembros de la Armada británica,Dryad Maritime Intelligence e Ince&Co.
Ésta compañía dedica un estudio interno sobre la piratería para poner en duda la legalidad y la eficacia de la presencia de la seguridad privada en los atuneros españoles, y el apoyo económico y formativo del Ministerio de Defensa. También menciona la necesidad de pagar el rescate para solucionar un secuestro, y evitar una intervención militar. En suma, todo por la pasta.
A principios de año, el Gobierno británico de David Cameron anunció una ofensiva para parar los pies a estas firmas, que basan su negocio en el vacío legal sobre el pago de rescates.

Interior no se decide sobre la vigilancia privada en Alcolea


Interior dará a conocer "en unos meses" qué centros penitenciarios tendrán vigilancia privada después de que se anunciara en el Senado una proposición no de ley impulsada por el PP y CiU para dotar de este servicio a 25 cárceles de todo el país. Una fuente de este ministerio informó hace unos días a este diario que "aún están por decidir" las prisiones. Los vigilantes privados sustituirían en determinadas funciones como podrían ser el control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, que se verían ampliadas a la seguridad perimetral de las prisiones, tareas estas que corresponden de momento a la Guardia Civil. La idea es que presten una vigilancia actual bajo la supervisión de los agentes del instituto armado. Este proyecto ha recibido las críticas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al considerar que "pone en quiebra la seguridad ciudadana". María Santos García, portavoz de este colectivo, ha señalado que "los agentes y sus familias están muy preocupados" por los posibles traslados de destino. AUGC expone en una nota que "se acomete una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que contamos", un modelo que "es altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Incendio en la lavandería del Complejo Hospitalario de Jaen


La lavandería del Complejo Hospitalario de Jaén sufrió ayer un incendio en los equipos de extracción de aire situados en la cubierta del edificio de usos múltiples ubicado en el recinto hospitalario de los centros Médico-Quirúrgico y Materno- Infantil. El comité de empresa de Prosegur, empresa de seguridad privada contratada en el recinto, indica que hay dos agentes intoxicados por inhalación de humos atendidos en Urgencias, extremo no confirmado por la dirección del hospital. El comité de Prosegur asegura que los vigilantes entraron en la planta baja junto a personal de mantenimiento y lograron controlar allí las llamas, mientras que los bomberos apagaron a su llegada el fuego en la parte superior.
El comité de Prosegur ha indicado que el protocolo de actuación en caso de incendio se hizo cuando había cuatro guardias contratados por turno, cuando ahora sólo hay dos, por lo que no se puede cumplir «con lo que supone de riesgo para la seguridad de todos».
El hospital informa de que el incendio se inició a las 15:20 horas de esta tarde en las turbinas de extracción de aire de la lavandería, y ha afectado a las citadas turbinas, conductos de evacuación, y parte del techo de la lavandería. «El personal de mantenimiento y seguridad del Complejo Hospitalario ha detectado rápidamente este incendio, lo que ha permitido poner en marcha el Plan de Emergencia».

martes, 21 de agosto de 2012

PSOE critica la "nula" presencia de Policía Local en polígono Navisa ante "vandalismo, prostitución y drogas"


El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la "falta de presencia" de Policía Local en el polígono industrial Navisa de la capital hispalense, una zona que cuenta con graves problemas de vandalismo, prostitución y drogas, según han indicado en un comunicado.
Las concejalas socialistas Susana López y Adela Castaño han visitado este lunes el polígono industrial Navisa, donde se han reunido con el presidente de los empresarios, Manuel Martín, que les ha relatado los "numerosos problemas de seguridad que arrastra el recinto".
Así, los socialistas aseguran que ante la "ausencia de la Policía Local, en el parque industrial son habituales la prostitución, los actos vandálicos, las 'botellonas' e incluso el consumo de drogas", unas prácticas que sólo se han atenuado en los últimos meses por la "presencia de seguridad privada", según afirman. De este modo, desde el PSOE apuntan que el presidente les ha trasladado que, si bien hay patrullas de la Policía Nacional que visitan en el parque industrial a menudo, la presencia de la Policía Local es "nula".
En este sentido, indican que en los partes de la empresa de seguridad privada correspondientes con el mes de agosto se puede observar "cómo la Policía Local ni siquiera puede atender a los avisos tras ser localizados focos de prostitución o destrozos por el vandalismo".
Como ejemplo, señalan que el pasado 15 de agosto, tras un intento de robo, la empresa de seguridad dio parte al 112 ante los daños causados en una nave, si bien "la Policía Local se puso en contacto con la compañía de seguridad para preguntarle si podía realizar la reparación sin que tuvieran que desplazarse agentes hasta el parque industrial".
López ha defendido que "los polígonos son una pieza fundamental para la reactivación económica de la ciudad y no pueden estar abandonados de esta forma", por lo que ha trasladado al presidente de los empresarios de Navisa que realizarán los trámites oportunos para analizar por qué Navisa no está en la Junta Municipal de Seguridad del distrito y, a continuación, solicitará su incorporación de forma inmediata.

CCOO se opone a la privatización en las prisiones que en la de Córdoba se prevé aplicar tras el verano


La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha puesto de manifiesto que no quiere privatizaciones en prisiones, ni de la seguridad exterior, ni muchísimo menos en el interior, en lo que supone el trato directo con los internos. Y es que, en opinión de la organización sindical, el secretario de Estado sostiene en sus declaraciones criterios de ambigüedad que hacen posible este tipo de privatizaciones en Instituciones Penitenciarias.
El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha asegurado que "la privatización genera inseguridad en las prisiones, resulta más cara que el servicio público con personal público y la experiencia demuestra que el trabajo lo acaban asumiendo los recursos públicos, mientras que los beneficios se los llevan las empresas privadas". Por tanto, "no hay ninguna necesidad objetiva para privatizar prisiones, al margen de los intereses de los grupos de presión e intereses de las empresas de seguridad". Según esto, la Administración gastará más dinero público con esta fórmula. Desde CCOO se pide que, si tienen ese dinero, lo empleen en la contratación de personal para abordar los problemas reales de prisiones, ha añadido Mena.
Para el sindicato, además de las razones de carácter jurídico, económico y de seguridad que obligan a mostrar su rechazo a las privatizaciones, se pone especial acento en el problema real de estos centros, "es decir, en la falta de plantilla". En ese sentido, ha recordado que se han propuesto medidas concretas que permitirían abordar esta situación, como son la posibilidad de promoción cruzada del personal laboral, la prevención contra el deterioro y el envejecimiento prematuro de las plantillas y la contratación de personal interino, entre otras, así como la "no supresión de recursos en la Administración y su aprovechamiento en Instituciones Penitenciarias".
Mena ha explicado que la vigilancia, la reinserción y la custodia de las personas internas es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que la Administración intenta privatizar modificando el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados. Por tanto, "es un salto cualitativo del Ministerio del Interior, con un objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones similar al de Estados Unidos, a la vez que siguen las consignas neoliberales, como ya está ocurriendo en educación y sanidad", ha concretado el representante sindical.
CCOO sigue insistiendo y comunicando a la Administración Penitenciaria que la falta de personal en prisiones se debe de resolver respetando el mandato constitucional de tutela del Estado en el cumplimiento de las condenas y que, para ello, la salida más barata y eficaz es reciclar a los empleados y empleadas públicos que quieren mandar a la "calle" y que proceden de otras administraciones. También es viable la contratación de personal interino y personal laboral que suponen otra alternativa, al ser también personal de los servicios públicos.
CCOO quiere señalar que, la privatización de los centros penitenciarios pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias, reconocido constitucionalmente y cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad (Artículo 25.2 de la Constitución Española).
Según CCOO, este modelo que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy comenzará después del verano a sustituir en las cárceles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privados, y la sustitución se llevará a cabo, en un principio, en 21 cárceles. Por tanto, "las personas recluidas y los trabajadores y trabajadoras no estarán bajo el mandato del Estado, estarán al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos", ha destacado el sindicato.
Por ello, se verán afectados los funcionarios de la Prisión de Córdoba, y en opinión de CCOO, con estas medidas no se conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios, ha apostillado Mena.

Cinco detenidos tras robar ropa y perfumes por 1.235 ? en un centro comercial


La Guardia Civil de Noreña ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de la sustracción de ropa y perfumes de alta gama en un centro comercial por importe de 1.245 euros, informó hoy el Instituto Armado.
La Guardia Civil de Noreña sobre las 14:40 horas de ayer recibieron aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), de que en un conocido centro comercial de la zona
Los agentes de seguridad privada del centro comercial alertaron a la Guardia Civil tras ver a varias personas huyendo del lugar en un turismo que fue localizado poco después y en el que viajaban cuatro personas que portaban grandes cantidades de ropa y perfumes de los que no pudieron acreditar su procedencia.
Los detenidos fueron trasladadas a las dependencias la Guardia Civil de Noreña donde reconocieron los hechos, aunque se negaron a prestar declaración ante los agentes, y poco después fue arrestada otra persona, supuestamente implicada en los hurtos, y que tenía en su posesión más mercancía sustraída.
Los detenidos -P.V.V., de 35 años y vecino de Langreo; O.V.V., de 38 y vecina de Gijón; L.V.R., de 25 y vecina de Oviedo; R.V.R., de 27 y vecino de Oviedo y R.A.Z., de 31 y vecina de Gijón- han quedado en libertad y han pasado a disposición del titular del juzgado número 3 de Siero.

CCOO denuncia desmayos en estación Intermodal donde no hay aire acondicionado


El sindicato CCOO ha denunciado hoy las precarias condiciones en las que trabajan los vigilantes de seguridad de la estación Intermodal de Palma, donde se ha suprimido el aire acondicionado para ahorrar costes, algo que ha provocado "algún caso de lipotimia y desmayo entre los usuarios del servicio".
Los representantes sindicales de la empresa Trablisa han criticado en un comunicado que el "sofocante calor" que hace en la estación se suma a la situación de abandono y falta de personal de seguridad, principalmente en la zona de los aseos y tornos, algo que afecta a los trabajadores pero también usuarios residentes y a los turistas y por tanto a la imagen de las islas.
El sindicato ha informado de que explicará esta situación al comité de salud laboral de Trablisa a fin de solicitar a Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) una evaluación de riesgos, como paso previo a denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, si la empresa autonómica no soluciona el problema.
La organización sindical ha rechazado la supresión del aire acondicionado, que atribuye a "la vorágine de recortes" emprendida por SFM en los últimos meses, y ha señalado que algunos vigilantes han decidido llevar ventiladores para mitigar el insoportable calor.
Según CCOO, la situación es especialmente grave en la zona de la estación de autobuses, que es donde ha habido algún desmayo, por temperaturas superiores a 35 grados, añadidas a una excesiva concentración de monóxido de carbono de los motores. Los vigilantes se quejan de que llegan a sus casas tras su jornada laboral "con los uniformes negros debido al hollín".
El sindicato considera que los recortes han dado lugar a una situación "propia de un país tercermundista", que se produce además poco después de que SFM haya subido las tarifas de transporte.

Herido el vigilante de seguridad que trató de frustrar un robo en Nuevo Gijón


El vigilante de seguridad que el pasado sábado trató de frustrar un robo en un centro comercial situado en Nuevo Gijón resultó herido al intentar retener al presunto ladrón, que pretendía abandonar el establecimiento con numerosas prendas de deporte que no había abonado. La Policía consiguió arrestar finalmente al joven acusado, que pasó ayer a disposición del juez que se encontraba realizando las labores de guardia durante el fin de semana.
Los portavoces de la Comisaría de El Natahoyo aseguraron ayer que el detenido se mostró «muy agresivo y violento con los servicios de seguridad del centro comercial». El vigilante que frenó la huida del presunto delincuente presentaba, según los partes médicos, una contusión facial y un esguince de tobillo. El arresto del ladrón se realizó dentro del dispositivo de fin de semana, en el que además fueron identificadas 136 personas.

Detenido por irrumpir en un quirófano y amenazar al personal sanitario y enfrentarse al vigilante de seguridad


Un joven ha sido detenido por irrumpir en un quirófano del Hospital Materno Infantil y, presuntamente, amenazar al personal sanitario que atendía a su hija, que tiene cuatro años. La Policía Nacional también imputó a la madre de la menor por los mismos hechos.
El suceso ocurrió hace unos días en urgencias del área de pediatría, adonde habían acudido los padres de la pequeña, que había sufrido un corte. Tras hacerle una primera cura, los médicos decidieron que la niña pasara a quirófano para someterla a una pequeña intervención con el fin de que le suturaran la herida, según informaron fuentes cercanas al caso.
Para ello, hubo que sujetar a la menor con unas correas con el fin de evitar que se moviese, dado el estado de nerviosismo en que se encontraba. La niña comenzó a gritar y a llorar, por lo que los padres, que esperaban fuera, intentaron entrar en el quirófano para acompañarla.
Amenazas
Entonces, un empleado de seguridad del hospital les explicó que no podían pasar. Al parecer, el padre apartó al vigilante, irrumpió en el quirófano y supuestamente amenazó a la doctora y a la enfermera que asistían a la pequeña, a las que, según las fuentes consultadas, les habría dicho: «Como hagáis algo a mi hija cojo unas tijeras y os mato».
Los progenitores permanecieron en la sala de operaciones mientras el personal sanitario terminaba de atender a la menor. Una vez finalizada la cura, los padres se marcharon del área de pediatría. Cuando pretendían abandonar el hospital, se encontraron con una unidad del Cuerpo Nacional de Policía, que había sido avisada desde el centro sanitario de la situación que se estaba produciendo en el quirófano.
Tras entrevistarse con todos los implicados, los agentes procedieron a la detención del padre de la menor, un joven de unos 25 años, acusado de un presunto delito de amenazas. Los funcionarios imputaron también a la madre, a la que dejaron a cargo de la niña.
A raíz del incidente, el Hospital Materno Infantil ha intensificado la vigilancia en este área de urgencias con una mayor presencia física por parte del personal de seguridad. Fuentes del centro sanitario confirmaron el suceso y detallaron que los guardas han incrementado la frecuencia con la que pasan por esta zona en sus rondas habituales y han reforzado el control en las puertas de acceso a los quirófanos.

UGT acusa a Correos de ser cómplice de las prácticas irregulares de Esabe Vigilancia


La Federación de Servicios (FeS) de UGT Huelva ha acusado a la Administración pública y a Correos de "amparar y ser cómplice de las prácticas irregulares de la empresa de seguridad privada Esabe Vigilancia". Así lo ha señalado el secretario general de FeS-UGT Huelva, Antonio Expósito, que ha explicado que Esabe Vigilancia es adjudicataria de los servicios de Seguridad Privada en diferentes administraciones públicas, siendo uno de sus clientes el grupo Correos. Según Expósito, "estas administraciones incorporan en los pliegos de licitación cláusulas en relación al cumplimiento de las obligación y deberes en la normativa vigente de convenios colectivos, seguridad social y abonos a hacienda". En este sentido, la Federación de Servicios denuncia que la empresa mantiene "prácticas empresariales ilegales como abonar irregularmente las nóminas y las pagas a su plantilla, tener embargadas las cuentas por la tesorería de la Seguridad Social por falta de cotización y tener embargadas las cuentas bancarias por múltiples sentencias judiciales en concepto de reclamaciones de abonos a los trabajadores". Además, el sindicato acusa a la empresa de "declarar de forma fraudulenta sus ingresos a la hacienda pública y tener multitud de denuncias en todas las inspecciones provinciales de trabajo del Estado". Según Expósito, "esto es conocido por ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y por la administración central del Estado". El sindicato rechaza estas prácticas de la dirección de la empresa y responsabiliza al grupo Correos porque "siendo contratistas no sólo no mantienen el control sobre estas situaciones, sino que continúa adjudicando y prorrogando a Esabe multitud de contratos, amparando y siendo cómplice del fraude público y, por tanto, de la continuación de esta mala gestión empresarial". Expósito señala que "el Grupo Correos es el que debe velar por el cumplimiento de la norma" y que es "inadmisible e intolerable que continúe sin exigir las responsabilidades que tiene Esabe Vigilancia con sus trabajadores y trabajadoras, con la Seguridad Social y con la hacienda pública; y que permita que la empresa continúe operando y creciendo en su volumen de negocio a costa de la precariedad laboral".

Fracasa el proyecto para que 15 estudiantes de seguridad patrullen en el somatén de Alcarràs


El proyecto para que un grupo de 15 estudiantes de seguridad realizara sus prácticas en el somatén de Alcarràs se ha abortado antes ni siquiera de que empezara a funcionar. Las primeras patrullas debían comenzar el pasado miércoles, pero el criminólogo y profesor impulsor de la iniciativa, Jordi Palau, decidió retirarse de la iniciativa al considerar que "no resultaba viable". Ante esta renuncia, el somatén de payeses de Alcarràs decidió no seguir adelante con la propuesta.
Hace pocos días se conoció que los estudiantes estaban recibiendo un curso de vigilantes de seguridad para hacer las prácticas en el somatén creado por los payeses de Alcarràs (Segrià) para reducir los robos en el campo. Palau, que fue responsable de la policía local de les Borges Blanques y ejerce actualmente como Mosso d'Esquadra, explicaba que la decisión se tomó en una asamblea convocada a principios de mes, en la que se "constató el incremento progresivo de los robos. Por eso, los miembros del somatén de Alcarràs decidieron plantear una alternativa pionera en el ámbito de la seguridad".
Desde la patrulla de Alcarràs se quiso dejar claro en todo momento que se trataba de "una colaboración desinteresada por parte de una quincena de personas que están realizando un curso de vigilantes de seguridad y que se han ofrecido para hacer prácticas gratuitas a cambio de adquirir experiencia profesional". Así lo aseguraba uno de los impulsores del somatén de Alcarràs, Manel Ezquerra.
Las tareas de vigilancia tenían que haber empezado en las propiedades privadas cercanas a las explotaciones agrícolas donde los agricultores de Alcarràs han notado un crecimiento de los robos. Mientras, los payeses se comprometían a validar las prácticas realizadas por los estudiantes de seguridad. Además, éstos ya habían firmado un documento que exoneraba de cualquier responsabilidad a los responsables del somatén.
Ante la irrupción de este fenómeno, las organizaciones agrarias reclaman al Govern que ejerza sus responsabilidades y "ponga los medios necesarios para vigilar las propiedades del ámbito rural". Después de que la Administración catalana bendijera este tipo de reacción ciudadana, a los payeses les llovieron las críticas tras una persecución a un ladrón que acabó de forma trágica en la localidad de Maials.

martes, 14 de agosto de 2012

Peón niega que sea ilegal tener seguridad privada en la feria de Torrelavega

La edil de Recursos Humanos, María Luisa Peón, ha rechazado las acusaciones de ilegalidad lanzadas hoy por los tres sindicatos del Ayuntamiento de Torrelavega, por la contratación de una empresa privada para vigilar el recinto ferial, y ha asegurado que esta medida supone un ahorro de 8.000 euros.

En un comunicado tras conocer la denuncia sindical, Peón ha aclarado que el ahorro es consecuencia de no tener que pagar el "servicio extraordinario" que suponía la presencia de los agentes de la Policía Local en la zona del barrio de El Zapatón donde están instaladas las atracciones.

Según sus cálculos, el servicio de vigilancia privada en el recinto ferial "prestado por tres agentes" tendrá un coste para el Ayuntamiento de 4.923,44 euros IVA incluido, mientras que la dedicación extraordinaria de tres miembros de la Policía Local equivale a 13.098 euros.

Ha destacado que el servicio lo prestará la empresa Protección y Seguridad Técnica S.A (Prosetec Nisa), que está homologada por el Ministerio del Interior y autorizada para realizar servicios de vigilancia y protección de establecimientos, espectáculos y certámenes.

Además, Peón ha aclarado que el recinto donde están todas las atracciones y aparatos estará controlado del 10 al 20 de agosto por tres vigilantes de seguridad de esta empresa durante una media de 7 horas diarias y a partir de las 20.00 horas.

La empresa también prestará un servicio de vigilancia durante tres días en el recinto de preparado para el desfile de las carrozas con un coste de 448,32 euros.

En cuanto a la denuncia sobre la legalidad de la contratación manifestada por los sindicatos, María Luisa Peón ha dicho que el contrato cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales.

En este sentido, ha incidido en que esta labor de vigilancia se prestará en un "recinto ferial que está acotado" y que, por lo tanto, no forma parte de la vía pública, aspecto sobre el que los sindicatos no están de acuerdo al considerar que los vigilantes no tienen ninguna competencia sobre un espacio público.

Así mismo, ha aclarado que la actuación de la empresa privada "no supone un menor control de la seguridad de las personas en el recinto ferial", ya que los vigilantes "están adecuadamente preparados y en contacto permanente con la Policía Local y con la Policía Nacional por si fuera necesaria su intervención".

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1229517

Ponen vigilancia en el CP Reina Sofía cuando ya ha sido desmantelado


A buenas horas, mangas verdes, como dice el refrán. Después de que este diario hubiera informado en dos ocasiones de los robos de material informático y docente en el Colegio Público Reina Sofía, es cuando se ha puesto vigilancia privada en el centro educativo. Vecinos de la zona de Príncipe Alfonso se preguntan qué es lo que tiene que vigilar la persona destinada, ya que el colegio está desmantelado.

El Colegio Público Reina Sofía, de la barriada Príncipe Alfonso, cuenta desde el pasado día 3 de agosto con vigilancia. La cuestión no sería noticia si no fuera que dicha vigilancia se ha puesto después de que haya sido robado prácticamente todo el material informático, además de parte del mobiliario y del docente, en actuaciones sucesivas e impunes, que han llevado prácticamente a que el centro esté prácticamente desmantelado.

El día 27 de julio, El Pueblo de Ceuta, informó del robo de hasta 19 ordenadores del centro. Los ladrones habían utilizado la técnica del escalo para hacerse con los ordenadores. De hecho, al día siguiente, fueron localizados entre unos matorrales cercanos al centro educativo quince de los ordenadores robados, que fueron posteriormente devueltos al centro.

Con posterioridad fueron robados no solamente esos ordenadores, sino otros treinta, además de cinco pizarras electrónicas. Todo el material tiene un alto coste.

Pues bien, no fue hasta el día 3 de agosto, fecha en el que este diario puso de relieve el hecho de que el colegio público Reina Sofía estaba prácticamente desmantelado como consecuencia de la persistente acción de los ladrones, cuando se dispuso la vigilancia.

En efecto, desde entonces, y en horario nocturno, se ha destinado un vigilante para que cuide de la seguridad de las instalaciones, si bien ya prácticamente no queda nada por robar.

Así, según fuentes cercanas al centro educativo, no sólo han desaparecido todos los equipos informáticos y pizarras electrónicas anteriormente reseñados, sino que también ha sido robado parte del mobiliario escolar, así como violentadas taquillas del personal docente.

En definitiva, una situación que ha causado un gran malestar en la barriada y sobre todo entre los padres de los alumnos, que ahora tendrán que confiar en que desde la fecha hasta septiembre, cuando comience el nuevo curso escolar, sean repuestos todos los efectos que han sido robados durante el mes de julio y principios de agosto.

En todo caso, no parece que la situación pueda ser solucionada fácilmente, puesto que los efectos sustraídos tienen un alto valor económico y dado que la situación de crisis no permite actuar con celeridad en casos como éste, podría darse la circunstancia de que la reposición de los materiales tarde más de un mes, como es probable.

Detenidos dos menores de edad, y puestos en libertad

En relación a los robos continuados que se han producido en el centro docente Colegio Público Reina Sofía, este diario ha podido saber que finalmente fueron detenidas dos personas, en concreto dos menores de edad, que posteriormente fueron puestos en libertad. Las pesquisas policiales continúan, aunque por el momento no han dado resultados fructíferos. Se sospecha que el material robado podría haber sido introducido paulatinamente en Marruecos, para su posterior venta.

En todo caso, los ladrones han actuado con impunidad. En principio los robos se efectuaron mediante el método del escalo, aunque posteriormente, envalentonados los ladrones, llegaron a arrancar una de las verjas del perímetro del centro, para actuar con más comodidad. Fue repuesta, pero volvió a ser arrancada, con la ayuda de herramientas tales como marchotas y cinceles.

http://www.elpueblodeceuta.es/201208093101.html

Fracasa el proyecto para que 15 estudiantes de seguridad patrullen en el somatén de Alcarràs

El proyecto para que un grupo de 15 estudiantes de seguridad realizara sus prácticas en el somatén de Alcarràs se ha abortado antes ni siquiera de que empezara a funcionar. Las primeras patrullas debían comenzar el pasado miércoles, pero el criminólogo y profesor impulsor de la iniciativa, Jordi Palau, decidió retirarse de la iniciativa al considerar que "no resultaba viable". Ante esta renuncia, el somatén de payeses de Alcarràs decidió no seguir adelante con la propuesta.
Hace pocos días se conoció que los estudiantes estaban recibiendo un curso de vigilantes de seguridad para hacer las prácticas en el somatén creado por los payeses de Alcarràs (Segrià) para reducir los robos en el campo. Palau, que fue responsable de la policía local de les Borges Blanques y ejerce actualmente como Mosso d'Esquadra, explicaba que la decisión se tomó en una asamblea convocada a principios de mes, en la que se "constató el incremento progresivo de los robos. Por eso, los miembros del somatén de Alcarràs decidieron plantear una alternativa pionera en el ámbito de la seguridad".
Desde la patrulla de Alcarràs se quiso dejar claro en todo momento que se trataba de "una colaboración desinteresada por parte de una quincena de personas que están realizando un curso de vigilantes de seguridad y que se han ofrecido para hacer prácticas gratuitas a cambio de adquirir experiencia profesional". Así lo aseguraba uno de los impulsores del somatén de Alcarràs, Manel Ezquerra.
Las tareas de vigilancia tenían que haber empezado en las propiedades privadas cercanas a las explotaciones agrícolas donde los agricultores de Alcarràs han notado un crecimiento de los robos. Mientras, los payeses se comprometían a validar las prácticas realizadas por los estudiantes de seguridad. Además, éstos ya habían firmado un documento que exoneraba de cualquier responsabilidad a los responsables del somatén.
Ante la irrupción de este fenómeno, las organizaciones agrarias reclaman al Govern que ejerza sus responsabilidades y "ponga los medios necesarios para vigilar las propiedades del ámbito rural". Después de que la Administración catalana bendijera este tipo de reacción ciudadana, a los payeses les llovieron las críticas tras una persecución a un ladrón que acabó de forma trágica en la localidad de Maials.

FUENTE :  http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20120813/54335478700/abortan-patrullas-estudiantes-somaten-alcarras.html

Sindicatos policiales denuncian la contratación de una empresa de seguridad en la fiestas

Los sindicatos UGT, APL y CCOO anunciaron este viernes su intención de denunciar ante la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional la contratación de una empresa privada para el servicio de seguridad en el recinto de ferias durante las fiestas patronales de Torrelavega porque "además de ser un gasto innecesario, es manifiestamente ilegal según la Ley de Seguridad Privada".
En una rueda de prensa, portavoces de los tres sindicatos, que cuentan con 11 de los 13 representantes de la Junta de Personal de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, rechazaron la decisión del Consistorio de recurrir a una empresa privada para las tareas de seguridad en una decisión que, según dijeron, "puede implicar un claro delito de prevaricación".
Según explicaron Nicolás Ruiz y Daniel González (UGT), Alejo García (APL) y Julio Fernández (CCOO), "la Ley de Seguridad Privada especifica con suficiente claridad cuáles son las funciones de una empresa privada de seguridad, que en ningún caso pueden ser ejercidas en la vía pública, ya que esta materia es competencia exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad".
"No entendemos que en medio de un galimatías de medidas anticrisis y reducción de derechos y de retribuciones de los funcionarios, el Ayuntamiento de Torrelavega se gaste ahora 6.000 euros en una empresa de seguridad privada para las fiestas patronales, cuando esta labor tradicionalmente ha correspondido a la Policía Local con cargo al régimen de dedicación horaria y sin coste alguno para el Consistorio", agregaron los representantes sindicales.
UGT, APL y CCOO matizaron que además, en el recinto ferial se llevan a cabo otras funciones propias de la policía administrativa y de seguridad ciudadana que "en ningún caso puede asumir una empresa privada", como el control del horario de cierre, el de ruidos o las acciones preventivas para hurtos, robos o altercados.
En opinión de los sindicatos, "todo esto va a redundar en una inseguridad manifiesta e ilegal en esa zona, ya que siempre se ha reforzado el servicio de policía local con presencia efectiva para evitar en todo lo posible la alteración del orden y garantizar el cumplimiento estricto de las ordenanzas".
"Sospechamos que lo que realmente se pretende con el dinero ahorrado por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad es, entre otras medidas, la contratación de servicios privados con dinero público a empresas afines al PP", denunciaron los sindicalistas, tras reiterar que "el servicio de seguridad privada contratado es manifiestamente ilegal y no puede contar forzosamente con la autorización del delegado del Gobierno, ni el oportuno informe previo de la Policía Nacional".

FUENTE:  http://www.europapress.es/cantabria/noticia-sindicatos-denunciaran-contratacion-empresa-privada-seguridad-fiestas-20120810132436.html

Vigilantes de seguridad para el exterior del centro penitenciario.

Descartada recientemente la posibilidad de colocar vigilantes de seguridad privados en el interior de las cárceles, parece que sí se contrataran para la seguridad del perímetro exterior, pero en sustitución de los agentes de las fuerzas de Seguridad del Estado y por tanto no de funcionarios.
A este respecto, los sindicatos aseguran no tener noticias directas todavía aunque, el anuncio realizado recientemente por el número 2 del Ministerio del Interior en el que se comprometía a enterrar la idea inicial de colocar vigilantes junto a las funcionarios, coincidiría con lo que la Administración habría asegurado a los sindicatos en una última reunión mantenida en Madrid . Allí, se les aseguró que en ningún caso esos agentes privados harían labores de contacto con los presos.
Finalmente, parece que así será, tras el compromiso firmado del ministro de olvidarse de la idea inicial. Instituciones Penitenciarias aseguró a este diario que aquella propuesta iba a afectar a unas veinte prisiones de todo el territorio nacional, sin que quisieran facilitar datos más concretos, puesto que es "sólo una idea a estudiar que en cualquier momento puede desecharse", como ha ocurrido.
Las mismas fuentes indicaron que los criterios que se estaban planteando a la hora de elegir los centros y que quizá cuenten a la hora de colocar la vigilancia privada en el exterior de las prisiones, podrían corresponderse con el número de población reclusa, de funcionarios o incluso de conflictividad.
En todo caso, de contratar agentes privados en sustitución de Guardia Civil o Policía, esto sólo afectaría a las cárceles y en ningún caso a los centros de inserción social, como el de Vigo y donde se encuentran presos en tercer grado o en un grado de semilibertad y que son derivados de la cárcel de A Lama tras haber superado el tiempo establecido de condena por ley para obtener beneficios.
El Ministerio de Interior reconoce que la falta de presupuesto pondrá en riesgo la puesta en marcha de nuevos centros ya licitados
De momento, los recortes en A Lama han afectado directamente a los funcionarios en prácticas, un grueso importante dentro de la plantilla y también a los distintos trasladados de personal.
Toda esta situación, que se extiende al resto de administraciones por los recortes, y el incremento de agresiones a funcionarios, preocupa al personal de A Lama, que considera insuficiente la plantilla actual.
FUENTE :   http://www.atlantico.net/noticia/205797/vigilantes/seguridad/exterior/centro/

Securitas gana un 9% menos en el segundo trimestre lastrada por la situación en España

El grupo sueco de servicios de seguridad Securitas obtuvo en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 337 millones de coronas (41 millones de euros), lo que representa una caída del 9% respecto al mismo periodo de 2011, debido al impacto negativo del deterioro del mercado en España y Portugal, así como por la ralentización del crecimiento en EEUU.
La cifra de negocio de la multinacional escandinava sumó 16.969 millones de coronas (2.053 millones de euros), un 9% más, aunque en términos orgánicos, que excluyen el impacto del cambio de divisas y de las posibles adquisiciones, no experimentó crecimiento alguno.
En concreto, la facturación de Securitas en la región iberoamericana, que incluye a España y Portugal, alcanzó los 2.260 millones, un 11% más, aunque en términos orgánicos se registró un retroceso del 5%. En el caso de España, la facturación orgánica bajó un 19% respecto al mismo periodo de 2011, mientras que en Latinoamérica mejoró un 22%.
De hecho, la compañía precisó que a finales del primer trimestre dio por terminados una serie de contratos con bajos márgenes por un valor agregado de unos 450 millones de coronas (50 millones de euros).
"Las condiciones del mercado se están deteriorando más rapidamente de lo esperado y ante la incertidumbre sobre la capacidad de pago de los clientes por nuestros servicios de seguridad estamos dando por terminado contratos", explicó el presidente y consejero delegado de la empresa sueca, Alf Göransson, quien, además, advirtió de que la supresión de determinados incentivos a la contratación por parte del Gobierno incrementará los costes laborales de la compañía en el país, por lo que aún está estudiando qué respuesta tomar para mitigar dicho aumento.
En el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, Securitas obtuvo un beneficio neto de 694 millones de coronas (84 millones de euros), un 6% menos que el año anterior, mientras que su facturación aumentó un 9,3% en términos absolutos, hasta 33.234 millones de coronas (4.023 millones de euros).

FUENTE:  http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/08/08/20120808171218.html

domingo, 5 de agosto de 2012

Dos vigilantes facilitan la visita turística al castillo

Dos guardas jurados permiten mantener abierto el castillo de Monterrei a los turistas todos los días de la semana. Hasta ahora, la fortaleza permanecía cerrada los lunes y martes por descanso del único guía que se encarga de atender a los visitantes. Con esta medida, los nuevos operarios también evitan el cierre de las instalaciones al mediodía, algo que venía sucediendo desde hace años para que la encargada de las instalaciones pudiera comer en su casa.
Los dos vigilantes están operativos desde el pasado mes de junio y se encargan de abrir las instalaciones y atender a los turistas los lunes y martes (los días de descanso de la guía), a la que sustituyen a diario entre las 12.00 y las 16.00 horas.
El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Conde, se mostró ayer satisfecho con la iniciativa, dado que a su entender redunda en la promoción de la fortaleza cara al resto del mundo. 'Con este sistema, el castillo está abierto continuamente cuando antes teníamos que cerrarlo por falta de personal para atender a los visitantes', aseguró. El cierre de las instalaciones generaba quejas en el Concello prácticamente a diario, sobre todo durante los meses de verano.
Los dos vigilantes fueron contratados por la Xunta y forman parte del plan de mejora de la fortaleza iniciado el pasado mes de marzo con una partida de 60.000 euros, dinero que sirvió para cambiar parte de la cubierta del Palacio (estaba muy deteriorada y se registraban filtraciones de agua en los días de lluvia), desbrozar la maleza que cubría los accesos e instalar una valla de madera a lo largo de una ladera para evitar posibles accidentes entre los visitantes, dado que corrían el riesgo de caerse. También han sido selladas varias ventanas que carecían de protección.
ACTOS VANDÁLICOS
Los vigilantes, además de atender a los turistas cuando no hay guía turística, se encargan de custodiar el conjunto arquitectónico durante las noches de los fines de semanas para evitar actos vandálicos (pintadas y roturas de cristales y puertas). José Luis Suárez Conde recordaba ayer que el recinto de la fortaleza atrae de noche a numerosos visitantes, la mayoría vecinos de la comarca que se desplazan a la zona en coche. Según sus propias palabras, parte de ellos abandonan el lugar sin causar ningún tipo de daños pero otros ocasionan todo tipo de destrozos que hasta el momento se hacía imposible evitar por falta de personal.
La Xunta también se comprometió el pasado mes de marzo a instalar cámaras de seguridad para controlar a los vándalos pero los aparatos aún no fueron colocados. Eso sí, en la Consellería de Cultura aseguraban ayer que se está trabajando en la puesta en marcha de varias iniciativas culturales a desarrollar en el recinto medieval durante los meses que resta de veran

FUENTE :  http://www.laregion.es/noticia/218984/vigilantes/facilitan/visita/turistica/castillo/

La dirección insular dice que la vigilancia privada en las calles de Sant Antoni «es totalmente ilegal»

El director insular de la Administración del Estado, Rafael García Vila, aseguró ayer que el servicio de vigilancia privada contratada por la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía «es totalmente ilegal» porque «va en contra de la Ley de seguridad ciudadana». «La vigilancia privada se puede poner de la acera hacia adentro, en un establecimiento o en un domicilio, pero no en la calle», afirmó el representante del Gobierno en las Pitiüses.
El servicio de vigilancia privada que 43 hoteleros del núcleo urbano pusieron en marcha hace un mes para cuidar de sus establecimientos y patrullar las calles del casco urbano fue interrumpido en la noche del jueves después de que la Policía Nacional levantara acta y tomara declaración a la empresa responsable y le aconsejara dejar de cumplir esta función.
La misma, según adelantó, era llevada a cabo por cuatro vigilantes de la empresa bautizados como «agentes cívicos», «serenos» o «ciudadanos ejemplares» que daban apoyo a los hoteles de la zona y hacían rondas de vigilancia por las calles aledañas de los establecimientos, entre las 00,00 y las 7,00 horas, llamando la atención sobre comportamientos incívicos o a la policía en caso de ver ilegalidades.
Ahora, el director insular está «pendiente de un informe de la Policía para elevarlo a la Delegación de Gobierno», aunque, según indicó, no fue el encargado de dar la orden para quitar de las calles esta iniciativa, apoyada a viva voz por la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez. «No es un cosa que se tenga que dar la orden, es por ley, y la Ley de seguridad ciudadana está establecida así», insistió García Vila.
Los hoteleros integrados en la asociación de Sant Antoni se mostraron ayer «muy mosqueados» porque este proyecto, que creen bueno ante la falta de más efectivos de fuerzas de seguridad que mantengan el orden público, se ha visto perjudicado porque «se ha politizado mucho».
Se podría restablecer
El vicepresidente de la asociación, Juanjo Planells, explicó que el servicio no se ha retirado sino que está «interrumpido» a la espera de solucionar «algunos flecos». «Entendemos que se podrá restablecer», afirmó, y expresó su deseo de que sea así en los próximos días.
Planells defendió que los vigilantes «van de establecimiento en establecimiento». «Y claro que van por la calle y si ven algo actúan como un ciudadano, pero no detienen ni persiguen a nadie», insistió.
Las críticas de la oposición porque la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, haya apoyado este servicio no se hicieron esperar. «Aplaudimos la iniciativa privada, en este caso de los empresarios de hostelería, que han contratado a estos bien llamados agentes cívicos que con su presencia en nuestras calles colaboran y ayudan a los turistas a disfrutar mejor de su estancia en nuestro pueblo», aseguró Gutiérrez en su facebook.
Para PSOE-Pacte, la alcaldesa «no se merece seguir en su puesto porque ha metido la pata hasta el no va más». «Le exijo que se vaya, no está capacitada para ser alcaldesa después de cubrir una cosa que era ilegal a todas luces», criticó el portavoz del grupo municipal Josep Marí 'Marge'.
Según el concejal de Nova-A, Juan Torres, «el equipo de gobierno ha mostrado su incompetencia al apoyar una actuación que parece ser ilegal y que sentaba un precedente muy peligroso porque había que recurrir a los particulares para garantizar la seguridad, cuando debe hacerlo el Estado».
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni, en una escueta nota de prensa, se limitó a asegurar que «tiene constancia de que se continúa con la contratación de este servicio» que, insistió, «es de iniciativa privada».

FUENTE :   http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/direccion-insular-dice-vigilancia-privada-calles-sant-antoni-totalmente-ilegal.html

El PSOE acusa a Fernández Díaz de querer privatizar la seguridad en las prisiones y pide que comparezca en el Congreso

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Muñoz, ha expresado hoy su "oposición plena" a los planes del Gobierno que, a su juicio, pretende privatizar la seguridad en las prisiones. Por ello ha reclamado la comparecencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique sus planes en esta materia.
El Ministerio acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de "vigilancia auxiliar" en las cárceles, una iniciativa que se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios.
Según el Ministerio, el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
En un escrito registrado en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista reclama la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que se debata la comparecencia del Ministro del Interior "para informar de la sustitución de Policía y Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como de funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior, por servicios de seguridad privada".
"LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN NEGOCIO"
Para el portavoz socialista de Interior, esta decisión supone el "primer paso para la privatización del sistema penitenciario" y ha advertido de que el sistema penitenciario "requiere, como toda seguridad ciudadana, que se ejerza por funcionarios públicos". En este sentido, Muñoz ha recordado que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye "vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran".
"La seguridad no puede ser entendida como un negocio y cercenar cada vez porciones más amplias de servicios públicos como la seguridad, que, como ha recordado, pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos", ha denunciado Muñoz.
En su opinión, la justificación que da el Gobierno "es un argumento falso" porque "la seguridad privada puede reubicarse en otras funciones, pero nunca en lo que es competencia de los funcionarios públicos".
"No se pueden sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica", ha denunciado.
FUENTE:  www.expansion.com

Herido un vigilante de Valle Tabares en el intento de fuga de dos internos

Dos internos del centro de medidas judiciales de Valle Tabares, en el municipio de La Laguna, trataron de fugarse mediante el escalo de las vallas perimetrales. El hecho ocurrió hace algo más de una semana cuando dos jóvenes, que ya son mayores de edad, participaban en uno de los talleres exteriores. En el incidente, uno de los vigilantes del recinto resultó herido leve al caer desde varios metros de altura.
Al parecer, los autores del intento de fuga participaban en un taller de jardinería en el marco del programa formativo que se ofrece en dicho recurso.
Cabe recordar que en el recinto están recluidos menores y también jóvenes de hasta 23 años que cumplen condena por alguna infracción penal.
Al parecer, en un despiste del educador, los magrebíes se echaron a correr y empezaron a subir por las vallas metálicas, que tienen una altura total próxima a los cuatro metros.
En ese instante, varios vigilantes se percataron de las intenciones de los tres internos e intentaron interceptarlos para evitar mayores problemas.
Caída
Al parecer, durante dicha labor uno de los vigilantes se cayó desde cierta altura y sufrió diversas heridas.
Al final, los dos protagonistas de la fuga pudieron ser reducidos por el resto de vigilantes. Posteriormente, ambos fueron trasladados a los servicios médicos del centro.
Después, fueron llevados al módulo de aislamiento existente en el centro de medidas judiciales, según determina el protocolo para estos casos.
Este tipo de incidentes no ayuda a mejorar la tensión existente entre parte de la plantilla del personal de seguridad con los responsables de la empresa encargada de prestar dicho servicio desde el pasado mes de septiembre en un complejo que depende del Gobierno de Canarias.
FUENTE :   www.eldia.es

USO denuncia a la empresa de seguridad 'Socosevi' SL

La empresa de seguridad SOCOSEVI, SL. que presta servicio en numerosos centros del Gobierno de la Rioja y la Administración Local, se retrasa en el pago de los salarios a sus trabajadores, porque dice que la Administración no le paga, ha informado USO en un comunicado.
Tras numerosas denuncias por parte de este sindicato y de los propios trabajadores, la empresa hace caso omiso a las resoluciones de la inspección de trabajo y dice que no paga a sus trabajadores, porque a ella no le pagan sus clientes, entre ellos el Gobierno de la Rioja.
Desde el sindicato se llevaran a cabo un calendario de movilizaciones e iniciar acciones jurídicas contra la empresa y subsidiariamente contra el Gobierno Regional.

FUENTE :  www.larioja.com

Detenido un hombre que se hizo pasar por vigilante al ser sorprendido con material robado

Efectivos de la Guardia Civil de Onda (Castellón) han detenido a un hombre que se hizo pasar por vigilante de seguridad cuando fue sorprendido, junto a otro compañero, con material robado, según ha informado la Comandancia en un comunicado.
Agentes que se encontraban realizando servicio de prevención de la delincuencia en zonas agrícolas de la localidad, concretamente en el camino Torrelló, dieron el alto a un vehículo que transitaba a altas horas de la madrugada.
Cuando los guardias civiles registraron el vehículo, encontraron diverso material, así como cable de cobre del que los ocupantes del vehículo no consiguieron dar una explicación de su procedencia.
Tras investigar el origen del material, los agentes comprobaron que este material era sustraído de una caseta de campo que se encontraba en las cercanías de la zona, donde dieron el alto al vehículo.
Uno de los ocupantes del coche se identificó a la Guardia Civil como vigilante de seguridad que volvía del trabajo, y mostró a los agentes una tarjeta de una empresa de servicios auxiliares. Éstos, tras examinar la documentación y consultar los datos de la tarjeta, comprobaron que pertenecía a otro varón. Por ese motivo, a uno de los sospechosos se le imputa un delito de usurpación de estado civil.
Los agentes detuvieron a los dos hombres, de 32 y 45 años, y fueron puesto a disposición judicial. La actuación de la Guardia Civil se ha llevado a cabo dentro del marco de los dispositivos de prevención de robos en el campo, en colaboración con la Policía Local de Onda.
FUENTE :  www.que.es

La empresa abona a los vigilantes del juzgado la paga del mes de mayo

Esabe Vigilancia, la empresa encargada de la seguridad en los juzgados de Sevilla, ha abonado a los trabajadores la nómina del mes de mayo, una vez que la Consejería de Justicia e Interior ha pagado una parte de la deuda que mantiene con esta concesionaria. Los vigilantes de los juzgados recibieron con cierto alivio la noticia de la empresa, que les ha hecho entrega de un cheque con el importe de la nómina de mayo, si bien recordaron que aún les adeudan los salarios de junio y julio, así como la mitad de la paga extraordinaria de Navidad y otros complementos salariales.
La empresa ha asegurado a los trabajadores que en los próximos días va a hacer efectivo el pago de otra nómina, lo que permitiría ir reduciendo la deuda con los empleados, que ha llegado incluso a superar los 4.500 euros. La Junta abonó hace unos días 59.000 euros a Esabe como pago de la deuda que tiene con la empresa desde febrero.
FUENTE :  www.diariodesevilla.es

Vigilantes privados asumirán parte de la seguridad en 21 cárceles españolas

El Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.
Según han explicado fuentes de Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad. En ningún caso, añaden las mismas fuentes, estos refuerzos, -Interior ultima el número exacto- se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles. Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá a cargo de agentes del instituto armado.
El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ha ofrecido esta vigilancia auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados contratados en el País Vasco y Navarra que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección. Una medida que se inició en estas comunidades y que posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
Además, Interior justifica el programa de reubicación de escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas.
Inserción paulatina
En un principio los escoltas de estas comunidades ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo extremo, pero el propio ministro explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20 de marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil informó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de vigilancia exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los agentes afectados.
Para los sindicatos de los funcionarios de prisiones CSIF, CCOO y UGT, los planes de Interior suponen el primer paso para privatizar en un futuro toda la seguridad de las prisiones, tanto exterior como interior. Por esta razón, el pasado 18 de julio representantes de estos sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados del PSOE e IU a quienes mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que, en su opinión, no conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios.

FUENTE :   www.elcorreo.com

42.000 alarmas saltan en verano

Maleta en mano, miles de personas se han ido de vacaciones. Han cerrado la puerta con doble vuelta y han bajado las persianas a la mitad, para dar la impresión de que hay gente en casa. Pero esas tácticas no son infalibles. Aunque la crisis ha obligado a muchos a reducir el presupuesto también en seguridad, la facturación de las principales firmas del sector no ha dejado de registrar un repunte en verano, en algunos casos hasta el 40% e incluso el 80%.
Según Securitas Direct, que comercializa esos servicios desde 1993 y cuenta con unos 30.000 clientes en Euskadi, la demanda empieza a repuntar desde junio. «Pasamos de una media normal de 650 llamadas al mes a casi 900», explica Santiago Rubio, gerente de la firma en Bizkaia, quien agrega que la crisis económica ha vuelto precavidos a algunos propietarios y ello ha provocado que las ventas de su empresa hayan subido un 38% en el País Vasco. El año pasado, entre julio y agosto, las alarmas de Securitas Direct en la comunidad autónoma saltaron 42.000 veces, unas veces por error, pero otras por la acción de extraños.
La Ertzaintza ofrece los consejos de siempre: no comentar en público las fechas del viaje, mantener los objetos de valor protegidos e identificados... Y si al regreso el daño ya está hecho, no entrar en el domicilio hasta que lleguen los agentes y no tocar objetos que hayan podido ser manipulados por los ladrones.
En Seprogin, otra empresa de seguridad con 9.000 clientes en Euskadi, la contratación de alarmas también se incrementa en estas fechas. «Este año me atrevería a decir que no ha habido un cambio tan acusado», admite el gerente, Juan Luis Ibáñez. «Supongo que habrá sido por la crisis. Pero aun así la demanda crece mucho».
«No se paga porque sí»
Lo hace hasta el punto de que la clientela de Seprogin sube el 20% en hogares, el 15% en negocios y el 80% en andamios, ya que ahora algunas comunidades de vecinos aprovechan estos meses para acometer obras en sus fachadas. «No se pagan alarmas porque sí, sino porque existe un problema real. Los robos han aumentado», afirma Ibáñez.
Las alarmas y las cámaras son las alternativas más solicitadas, pero existe un sinfín de posibilidades. Cerrojos dobles y antiganzúa, puertas acorazadas... Todo es útil para ganar en tranquilidad. «Este año todavía estamos recibiendo clientes por lo ocurrido en marzo», aseguran en la Cerrajería Somera, de la capital vizcaína. Se refieren a una banda especializada que utilizaba ganzúas para abrir puertas y desvalijar viviendas.
Asier Martín, de Bilbao Cerrajerías, cree que hay más delincuencia. « Todos los días, todos, tengo que atender a personas por este tema, y estoy seguro de que la competencia está igual», declara. En su negocio, la demanda se concentra en los hogares y trasteros. «La gente quiere mucha seguridad, y tal y como están las cosas, es lógico. Veremos lo que ocurre a la vuelta de vacaciones», comenta Asier Martín.

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