El Ministerio de Interior está ultimando el plan que privatizará la seguridad de los centros penitenciarios españoles. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los escoltas privados del País Vasco y Navarra que protegían a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras es el alto fuego definitivo de ETA se encarguen de la vigilancia de los reclusos. Así lo confirmó, según pudo saber este periódico, a principios de este mes la propia Dirección General del Instituto Armado a la AUGC.
Optimizar recursos y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección son las dos premisas que se persiguen con el plan del Ministerio de Interior y que ha encomendado a la Dirección General.
En el último consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como fecha en la que comenzaría a implantarse el nuevo sistema, aunque la incorporación de los escoltas y del personal de las empresas privadas se producirá de forma paulatina. No obstante, otras fuentes niegan que el cambio en el modelo sea tan "inminente" porque el Gobierno está obligado a modificar la Ley de Seguridad Privada, que fija en su articulado que la vigilancia de los centros penitenciarios recae en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, desde los sindicatos se recuerda que el PP goza de mayoría absoluta y que "podría cambiar la ley de forma inminente". Por parte de la Dirección General se ha asegurado a los representantes de AUGC que de llevarse a cabo la privatización se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias. Y se aseguró que incluso habrá algunas unidades que no se verán afectadas.
El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de los sesenta efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad en la cárcel de Alhaurín de la Torre, situación que trae de cabeza tanto a la AUGC como a los sindicatos. Para el secretario general de la AUGC en Málaga, Ignacio Carrasco, el cambio afectará a "buena parte de la plantilla" a pesar de que el mando del servicio continuará a cargo de uno o varios agentes en un modelo muy parecido al que funciona en los aeropuertos. En un principio, los agentes de la Guardia Civil mantendrían las tareas de conducción de los presos. No obstante, Carrasco puntualizó que los agentes del Instituto Armado que fueran trasladados seguirían destinados en Málaga. "De lo contrario, la situación sería muy traumática", apunta el representante de la AUGC, para el que el nuevo modelo ofrece demasiadas incógnitas por resolver: "No sé lo que van a hacer y nosotros nos hemos posicionado en contra. No es normal que empresas de seguridad privada se dediquen a proteger las cárceles. Estamos en época de crisis, aunque hay cosas que no se pueden cambiar". Según la Dirección General de la Guardia Civil, el modelo a seguir será al similar que se realiza en los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles". Los propios guardias civiles, según las fuentes consultadas por este periódico, serían los encargados de instruir a los ex guardaespaldas del País Vasco y Navarra. Desde la asociación de guardias civiles se añade que una vez tomada la decisión por parte de sus mandos, "vigilarán" el futuro profesional de los miembros del Instituto Armado que actualmente prestan servicio en las prisiones.
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