En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el
País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la
Administración—, el Ministerio del Interior anunció que los escoltas que
se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia
en cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias
civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba
entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus
puestos en las prisiones. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa, ha ido más lejos esta tarde. Ha planteado en la Comisión del
Interior del Congreso la posibilidad de que vigilantes privados
sustituyan no solo a policías y a guardias civiles sino también a
funcionarios de prisiones ante la escasez de empleados públicos y ante
la imposibilidad económica, según indicó, de llevar a cabo la oferta de
empleo público que sería necesaria.
Se trata de una idea que
debe aún perfilarse y que en ningún caso entraría en vigor antes del año
que viene, pero que en el ministerio empieza a cobrar cada vez más
fuerza, como reconoció el secretario de Estado. "Lo único que hacemos es
poner ingenio. Y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de
los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda
más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la
seguridad privada", dijo Ulloa. Aún no han calculado a cuántos
funcionarios querrían sustituir por vigilantes privados para
trasladarlos a prisiones con escasez de empleados públicos.
El
ministerio quiere sustituir a los funcionarios que llevan a cabo
labores de vigilancia -evidentemente, no podría llevarse a cabo algo así
con otro tipo de empleados públicos, como terapéutas o juristas-, pero
aún debe concretar exactamente qué tipo de tareas podrían realizar los
vigilantes privados y cuáles no.
Como ejemplo, Ulloa ha
planteado que, quizá, la labor de "mirar un monitor de seguridad" la
podría desempeñar un ciudadano con una mínima formación, pero no ha
ofrecido un catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser
privatizados. "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a
adoptar", ha señalado. "Pido las sugerencias de los diputados. Para
poner en funcionamiento todas las infraestructuras previstas son
necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que está congelada la oferta de
empleo público".
El secretario de Estado habló también de
otras cuestión polémica: la propuesta de Interior de que los clubes de
fútbol paguen parte de lo que cuesta la vigilancia que Interior dedica a
los grandes eventos. El ministerio quiere que el cobro de esta
prestación se haga a través de una tasa a las empresas deportivas, que
pagarían por el uso de un "dispositivo intensivo" de seguridad pública.
Interior está estudiando la cuestión con los ministerios de Hacienda y
Administraciones Públicas, según ha asegurado el secretario de Estado de
Seguridad en el Congreso.
"El importe de los ingresos
obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos derivados
del organismo autónomo GIESE (encargado de la gestión y venta de
inmuebles del Ministerio del Interior), así como un porcentaje de los
costes derivados de la prestación intensiva del servicio de seguridad
pública", ha explicado. "El excedente se ingresará en el Tesoro
Público". "Este tipo de encuentros producen muchos beneficios, de forma
que los que se benefician tendrán que contribuir a las cargas", ha
señalado. "En todo caso, se trata de una idea sencilla pero con muchas
complicaciones, así que no está cerrada del todo la fórmula que se
empleará".
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340902553_444856.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario