Lo decía el jueves el comandante del buque de aprovisionamiento en combate Patiño, Enrique Cubeiro, a su llegada a Ferrol: el riesgo de piratería en el Índico sigue siendo todavía muy elevado. Y lo dice una persona que ha visto cómo desde un esquife de escasos metros de eslora la emprendían a tiros contra un buque de guerra creyendo que era un mercante.
Y si no está seguro un buque de la Armada, menos pueden estarlo los atuneros que faenan en aguas del Índico, sea frente a Somalia, rumbo a la India, o en el canal de Mozambique, donde cayó hace dieciséis meses el palangrero gallego Vega 5.
«Es cierto que en España ya no se habla tanto del problema, pero sigue igual o peor que antes. Lo que ocurre es que ahora los barcos españoles llevan seguridad privada y no han sufrido secuestros. Pero los delincuentes somalíes todavía tienen retenidos a más de un centenar de tripulantes», dice Moisés Rey, de Europea de Túnidos, la armadora del Albacora IV, el único atunero de la flota española con base en Galicia.
Así que los agentes de seguridad se han convertido en un insumo más, tan necesarios como los mismos aparejos. Pensar en prescindir del servicio ahora que el Ministerio de Agricultura ha anunciado que va a dejar de aportar el 25 % del coste de la protección es «impensable». Más todavía: «Sería un acto de irresponsabilidad por nuestra parte», añade Rey.
Militares
Los armadores deben costear ese servicio sí o sí. Sobre todo desde que Defensa atajó de raíz cualquier intento de enzarzarse en un debate sobre la posibilidad de embarcar infantes de marina en los atuneros. El Gobierno cree que es suficiente con los 140,8 millones que ha presupuestado para la operación Atalanta, que debe ser el único capítulo que crece en las cuentas de Defensa. Y que la austeridad y los recortes en marcha no permiten seguir costeando el 25 % de la seguridad con el dinero del Estado.
Al menos, el otro 25 % que sufragaban con ayudas públicas de las arcas autonómicas sigue en pie. Pero los armadores tendrán que asumir el 75 % del coste global de un servicio que, según fuentes del sector, sobrepasa los 400.000 euros al año. Y eso, con ejercicios de ahorro, prescindiendo de un agente cuando es posible. Lo habitual es que cada atunero embarque cuatro, pero en época monzónica, cuando los esquifes piratas apenas pueden actuar, la plantilla se reduce a tres personas.
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