Los vigilantes privados de Puerto Sherry mantuvieron ayer una reunión en la subdelegación de Gobierno de Cádiz, a la que asistió el nuevo subdelegado Javier de Torre y técnicos de la administración. El objetivo de los vigilantes era plantear la continuidad de su actividad laboral, después de que la concesionaria Marina del Puerto haya pedido la sustitución de la vigilancia privada por la de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que implicaría la pérdida de los puestos de trabajo de estos profesionales, que se ocupan de custodiar las instalaciones del puerto deportivo en base a una resolución del año 1995.
Los representantes de los vigilantes de seguridad expresaron su punto de vista a los técnicos de la subdelegación. En su exposición, manifestaron que aunque Puerto Sherry esté considerado un puerto de interés nacional, la concesión administrativa que rige su explotación económica está concedida a una sociedad privada, Marina del Puerto de Santa María, por lo que debe contar con seguridad privada, tal como queda establecido en el pliego de condiciones de la explotación. Los vigilantes de seguridad, pertenecientes a la empresa Eulen, fueron apoyados por la junta de portavoces municipal, que refrendó su punto de vista en días pasados. Por su parte, la subdelegación se encuentra a la espera de un informe del departamento de Seguridad Privada de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Según los vigilantes, las distintas resoluciones de la subdelegación de Gobierno desde el año 91 inciden en que la custodia del interior del puerto deportivo debe ser privada. Según la plantilla, la subdelegación de Gobierno va a recabar documentación para emitir un nuevo informe sobre el caso.
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