La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario entre los funcionarios de
prisiones, considera que si el Ministerio del Interior confirma la
privatización de la vigilancia interna en las cárceles, habrá traspasado
unas «líneas rojas» que «no vamos a consentir» porque se pone en riesgo
la seguridad. Y, en ese caso, anuncia «movilizaciones».
Este
sindicato de funcionarios responde así a la intervención que el pasado
28 de junio realizó en la Comisión del Congreso el secretario de Estado
para la Seguridad, Ignacio Ulloa. Una intervención en la que se refirió a
la seguridad en las prisiones dentro de un contexto de crisis
económica. «No queda más remedio -dijo- que buscar alternativas, la
alternativa de la seguridad privada». «Evidentemente, si necesitamos
1.800 funcionarios de Instituciones Penitenciarias y no vamos a tener
copnvocatorias, no sé cómo podemos entonces abrir nuevos centros».
Propuesta
de soluciones En un escrito remitido al ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, Acaip considera las declaraciones en sede parlamentaria
de Ulloa como «absolutamente desafortunadas, técnicamente equivocadas y
demuestran, en nuestra opinión, un profundo desconocimiento de la
institución penitenciaria». Los funcionarios admiten que existe «una
gran necesidad de personal» porque desde hace dos años no hay oferta de
empleo público y por la «apertura indiscriminada de centros». Y
consideran que «esta pésima gestión de personal e infraestructuras es
heredada del equipo anterior». Pero por ello, estiman, no deja de ser
urgente una solución.
En el escrito, los funcionarios
describen una serie de motivos por los que no se debe utilizar seguridad
privada en los centros. Primero, dicen, porque por ley la seguridad
corresponde a los funcionarios. Además, recuerdan, los puestos de
trabajo en las prisiones «no son compartimentos estancos, están
conexionados y en caso de incidentes colectivos, todos los funcionarios
participamos en la solución...». Su trabajo, por tanto, requiere de una
especialización. Además, la seguridad privada resultaría más cara, lo
que se contradice con la necesidad de ajustar presupuestos.
Como
solución, proponen que se contraten funcionarios interinos si en estos
momentos se hace imposible la oferta de empleo público. «Desde este
sindicato -concluye Acaip el escrito remitido al ministro del Interior-
le queremos dejar claro que nos encontramos ante una propuesta que es
absolutamente inaceptable, que marca una clara línea roja porque
desnaturaliza y privatiza» cuestiones tan importantes como «el principio
de reinserción social constitucionalmente consagrado», o «abre la veda
al negocio de la seguridad privada en un ámbito tan delicado como el
penitenciario»
FUENTE: http://www.abc.es/20120704/espana/abci-funcionarios-prisiones-seguridad-201207032028.html
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