Interior pretende que empresas privadas asuman la seguridad de cárceles para ahorrar 48 millones

El Ministerio del Interior estudia que una parte de la seguridad en el interior de las cárceles corra a cargo de empresas privadas ante la imposibilidad económica de cubrir las 1.800 plazas de funcionarios de prisiones vacantes en este momento. Una cifra enorme si tenemos en cuenta que una prisión tipo (mil internos) necesita en torno a 480 funcionarios. El ahorro en salarios se acercaría a los 48 millones de euros anuales. José Ramón López, presidente de ACAIP, el sindicato mayoritario de prisiones, calificó ayer de disparate la iniciativa y anunció medidas de presión para evitar los planes del departamento.
Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad, reconoció el pasado 28 de junio en la comisión de Interior del Congreso que el departamento no tiene funcionarios de prisiones para proveer los nuevos centros penitenciarios y que es necesario que "poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias (...) y buscar alternativas" que, dijo, pasan por la seguridad privada. El número 2 de Interior afirmó que "un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado" podría asumir algunas de las tareas de seguridad en el interior de las prisiones y liberar funcionarios para reubicarlos en otros establecimientos penitenciario, sin que por ello se pueda acusar al departamento de estar privatizando las cárceles. Las tareas asignadas a los vigilantes privados de seguridad serían todas aquellas en las que no hay contacto directo con la población reclusa, como el control de las cámaras de seguridad.
Ulloa cifró en 67.000 reclusos la actual población penitenciaria y en 80.000 el número total plazas en las cárceles. Datos que rebate el presidente de ACAIP, que asegura que a fecha 22 de junio el número de internos ascendía a 60.631 (siete mil menos, la capacidad de siete prisiones como la de Soto del Real) y reduce prácticamente a la mitad el número de plazas, concretamente 41.192 funcionales, las que forman parte de los módulos de vida ordinaria (de ellos se excluyen las correspondientes a los departamentos de ingresos, enfermería y aislamiento). "Si el secretario de Estado utiliza estos datos, no entendemos cuál es la necesidad de abrir nuevos centros, si ya tenemos plazas más que de sobra", señala José Ramón López.
ACAIP calcula que de llevarse a cabo el plan Interior se ahorraría 48 millones de euros anuales en salarios (26.000 euros brutos de un funcionario recién incorporado por los 1.800 puestos que no se cubrirían), aunque duda que la contratación de seguridad privada rebajase sustancialmente el coste. "Es cierto que la situación económica es la que es, pero la contratación de seguridad privada ni es gratis ni es barata teniendo en cuenta los importantes márgenes de beneficio del que disponen las empresas que se dedican a esta actividad -señala José Ramón López-. No nos equivoquemos, las empresas están para ganar dinero, no para prestar un servicio público de calidad, y los estándares de formación, conocimientos y experiencia del personal distan mucho de lo deseable". Las cinco últimas prisiones inauguradas (Murcia II, Las Palmas II, Menorca, Zaballa y Pamplona I) están funcionando con solo el 50 ó 60% de los funcionarios que serían necesarios por su tamaño, según datos sindicales. Un problema que también tienen los Centros de Inserción Social (CIS) para los reclusos en tercer grado penitenciario.
Los funcionarios de prisiones defienden que su sustitución por vigilantes privados va contra la Ley Orgánica General Penitenciaria, que les asigna en exclusiva la vigilancia interior de los centros, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que les confiere la condición de Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones. ACAIP entregó ayer en Interior un documento en el que rebaten el plan presentado por Ulloa en el Congreso y reclaman la convocatoria de la Mesa de Seguridad (se creó a raíz del secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara por ETA para tratar exclusivamente asuntos de seguridad). Como alternativa, el sindicato propone que se recurra a funcionarios interinos, tal como prevé un real decreto aprobado el año pasado que autoriza la contratación de personal temporal para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
De concretarse el proyecto de Interior ("simplemente dejo la cuestión en el aire", dijo el secretario de Estado en el Congreso) se sumaría a la decisión de que empresas privadas se encarguen también la seguridad exterior de los centros, una labor que desarrolla, salvo escasas excepciones, la Guardia Civil.

FUENTE:  http://www.elconfidencial.com/espana/2012/07/04/interior-pretende-que-empresas-privadas-asuman-la-seguridad-de-carceles-para-ahorrar-48-millones-101310/