"La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado cuando los piratas tienen representación legal en importantes y sofisticados bufetes de Londres". En pleno secuestro del 'Alakrana', en noviembre de 2009, Carme Chacón abrió la caja de Pandora en una entrevista. ¿A quién se refería la entonces ministra de Defensa?
Semanas más tarde, resuelto el secuestro del atunero previo pago de 2,7 millones de euros, según diferentes fuentes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una causa y pidió al CNI identificar a las "personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores". Pero los servicios de inteligencia hicieron oídos sordos al requerimiento amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Fin de la historia.
El 'modus operandi' de este pujante negocio, reconocen fuentes militares, tiene su cúspide en los despachos financieros de Londres, la popular 'City'. Bufetes británicos se encargan de negociar el rescate, cobran su comisión y envían el dinero a bancos de Kenia, vecina de Somalia.
Cuando los bancos comprueban el ingreso se lo comunican al jefe de los piratas, que toma la decisión de liberar el buque y reparte las ganancias entre sus huestes. Por encima de los piratas coexiste un grupo de inversores árabes que financian la piratería y facilitan la llegada de armas y material de defensa a los bastiones piratas. Este llega en barcos procedentes de la Península Arábiga, Yemen, Omán y otros países.
"CLUBES EXCLUSIVOS"
Toda esta operación, que garantiza la retroalimentación del negocio que en 2011 recaudó 130 millones en rescates, tiene su cerebro pensante en Londres. Son consultores trajeados y confidentes de los piratas, a los que informan de las rutas marítimas y los barcos más apetecibles. Al atunero vasco 'Felipe Ruano' le estaban esperando, pero logró escapar por los pelos de un ataque en 2010 frente a la costa somalí.
Uno de estos 'clubes exclusivos' es Holmun Ferwick & Willan. En su página de internet se venden como asesores especializados en conflicto, riesgo y disponen de todo el aparato legislativo para hacer uso de los recursos de las aseguradoras -incluida la satisfacción de extorsiones económicas- sin incurrir en delito.
En la acusación velada de la exministra Chacón se leerían también los nombres de despachos legales Stephenson Harwood y otros dos bufetes que cuentan con antiguos miembros de la Armada británica,Dryad Maritime Intelligence e Ince&Co.
Ésta compañía dedica un estudio interno sobre la piratería para poner en duda la legalidad y la eficacia de la presencia de la seguridad privada en los atuneros españoles, y el apoyo económico y formativo del Ministerio de Defensa. También menciona la necesidad de pagar el rescate para solucionar un secuestro, y evitar una intervención militar. En suma, todo por la pasta.
A principios de año, el Gobierno británico de David Cameron anunció una ofensiva para parar los pies a estas firmas, que basan su negocio en el vacío legal sobre el pago de rescates.
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