Interior dará a conocer "en unos meses" qué centros penitenciarios tendrán vigilancia privada después de que se anunciara en el Senado una proposición no de ley impulsada por el PP y CiU para dotar de este servicio a 25 cárceles de todo el país. Una fuente de este ministerio informó hace unos días a este diario que "aún están por decidir" las prisiones. Los vigilantes privados sustituirían en determinadas funciones como podrían ser el control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, que se verían ampliadas a la seguridad perimetral de las prisiones, tareas estas que corresponden de momento a la Guardia Civil. La idea es que presten una vigilancia actual bajo la supervisión de los agentes del instituto armado. Este proyecto ha recibido las críticas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al considerar que "pone en quiebra la seguridad ciudadana". María Santos García, portavoz de este colectivo, ha señalado que "los agentes y sus familias están muy preocupados" por los posibles traslados de destino. AUGC expone en una nota que "se acomete una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que contamos", un modelo que "es altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado".
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