martes, 28 de agosto de 2012

CCOO y UGT critican "graves" efectos del "recorte" en personal de seguridad en el recinto del Médico-Quirúrgico


Los sindicatos CCOO y UGT en Jaén han criticado las "graves" consecuencias del recorte en personal encargado de la seguridad en el recinto que alberga los hospitales Médico-Quirúrgico, Materno-Infantil y el Centro de Diagnóstico, pasando de cuatro a dos vigilantes para cubrir seis edificios y unos 50.000 metros cuadrados.
A través de un comunicado, Comisiones ha alertado de esos efectos tanto para quienes presta servicios médicos, como para el propio servicio de vigilancia que "se ve desbordado por la falta de operativos, ya que cada vez hay menos vigilantes en cada turno". En concreto, en lo que va de año se ha pasado de "cuatro vigilantes por turno a solo dos" en el referido recinto, mientras que los centros Neurotraumatológico y Doctor también están "bajo mínimos".
Según ha añadido, comunicaron a la empresa, Prosegur, y al SAS que "eran insuficientes" y tras 24 días se ha demostrado su "razón", después de que el pasado viernes se produjera un incendio en el edificio de suministros. El protocolo de actuación está diseñado para que su desarrollo por cuatro vigilantes de seguridad, de modo que se puso "en grave peligro la vida" de los dos vigilantes, que tuvieron que ser atendidos por intoxicación, y del resto de personal".
Al mismo suceso se ha referido, igualmente en un comunicado, UGT, que ha explicado que los vigilantes "no disponen de las nuevas órdenes de puesto y el nuevo plan de prevención de riesgos laborales por parte de la adjudicataria del servicio "para este recorte". CCOO ha abundado en que está obligada, según Ley de Seguridad Privada, cada vez que se produce una modificación en el puesto de trabajo, como "ha ocurrido en el Complejo Hospitalario donde se ha reducido un 33 por ciento la plantilla de operativos de seguridad".
Junto a ello, la Federación de Servicios de UGT ha criticado que tampoco cuenten con un nuevo plan de emergencias y evacuación que debe de facilitar el Complejo Hospitalario, puesto que el que poseen está "obsoleto, por no ajustarse a las nuevas circunstancias". Estas "irregularidades" provocaron, a su juicio, que los dos profesionales tuvieran que ser atendidos al tener que sofocar junto al personal de mantenimiento parte del incendio.
RESPONSABLE
"Gracias a ellos y a la rápida actuación de los servicios de Bomberos no se han producido víctimas mortales, ya que en el edificio en ese momento no había trabajadores", ha destacado UGT. También CCOO ha expresado su satisfacción por no tener que lamentar perjuicios mayores, a pesar de lo cual ha afirmado que "se denunciará también a la empresa Prosegur, por entender que es la mayor responsable de estas situaciones, ya que es la primera en poner en riesgo la integridad y la salud de los vigilantes".
En este sentido, ha censurado que en lugar de oponerse al SAS "acepta cualquier condición con tal de mantener al cliente así sean despidos o poner en riego la vida de sus trabajadores" y, lo que es más grave aún, "haciendo caso omiso" a las indicaciones del técnico de prevención de la propia compañía.
"Queremos recordar de nuevo, a la dirección del Complejo, que deben de garantizar la seguridad a trabajadores y usuarios y que recortar en prevención y seguridad no es el mejor camino a seguir, ya que reducir un 50 por ciento el personal de seguridad en solo dos años, pone muy difícil a estos profesionales garantizar la seguridad de los trabajadores e instalaciones en el Hospital Médico Quirúrgico", ha agregado UGT.

Los sindicatos reanudan este martes en Cantabria las movilizaciones en la seguridad privada


Los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF reanudarán este martes en Cantabria las movilizaciones para exigir a las empresas de seguridad privada el cumplimiento del convenio colectivo, con una concentración de protesta frente a la Estación de FEVE en Santander, convocada a las 11 horas.
Según informan los sindicatos convocantes, la concentración ante la estación ferroviaria se incluye dentro de la campaña de movilizaciones emprendida en toda la geografía nacional en contra de los incumplimientos del convenio colectivo decididos por algunas empresas que "imponen reducciones salariales con el fin de acaparar mercado a menor precio".
UGT, CCOO, USO y CSIF aclaran que con la movilización en la Estación de FEVE los sindicatos reivindicarán también su rechazo a recortes en la seguridad privada de los ferrocarriles y reclamarán a la Administración que, como cliente de empresas de seguridad privada, exija a éstas el cumplimiento del convenio colectivo y no adjudique el servicio con presupuestos a la baja "que hacen inviable respetar las condiciones laborales y económicas estipuladas en el convenio".

Los ayuntamientos contratan cada vez más vigilancia privada que hace funciones policiales


Los jefes de Policía Local de la provincia han puesto de relieve que pese a la falta de recursos económicos que muchos ayuntamientos argumentan ante su incapacidad para corregir estas situaciones, y "para tratar de callar al ciudadano en cuanto a seguridad se refiere, han aparecido en muchos municipios las figuras de auxiliares, vigilantes, controladores, seguridad, informadores y un largo etc, bien contratados directamente por el Consistorio, o a través de empresas privadas, a los que se les coloca una uniformidad similar, y en algunos casos, exactamente igual a la de la Policía Local".
Este tipo de personal contratado para ejercer funciones de vigilancia o seguridad en las vías públicas, argumentan los jefes de Policía Local en su documento "además de no estar capacitado para desempeñar tales tareas, carecen de respaldo jurídico, llegando incluso el ciudadano a relacionarlos erróneamente como miembros integrantes de la Policía Local supone un intrusismo profesional que afecta a la seguridad de quienes se exponen a él". Al respecto añaden que en muchas localidades, sobre todo medianas o medias "los policías locales que se han jubilado no han sido reemplazados por otros, aunque sí se han contratado este tipo de vigilantes, con lo cual se dan situaciones de municipios en los que no hay ni un solo policía local, estando la seguridad en manos de personal no cualificado para ello".
El presidente de la Asociación Profesional de Jefes de la Policía Local de la Provincia de Huelva, Leonardo Díaz, añade que "ahorrar en seguridad hasta éstos límites trae como resultado una bajada de moral en el colectivo" que repercute directamente en un "mal servicio de los ayuntamientos ".

La facturación de las empresas de seguridad privada cae un 20% en Catalunya


Las empresas y la administración recortan en vigilantes y alarmas. La fusión de entidades bancarias ha supuesto una reducción del número de servicios de recogida de dinero a los bancos porque hay menos oficinas.
El sector de la seguridad privada en Cataluña acumula un descenso de la facturación del 20 por ciento en los últimos 4 años. Reciben las consecuencias directas de los problemas que padecen de otras empresas, que han recortado gastos en vigilantes y sistemas de alarma. La administración, sobre todo ayuntamientos, también han reducido la contratación de algunos servicios. Incluso la fusión de entidades bancarias ha obligado a reducir el número de furgones que hacen la recogida de dinero porque ahora la ruta es más corta.
La caída del negocio se ha acentuado a medida que la economía se iba hundiendo. Como en otros sectores, el de la seguridad privada ha sufrido también la repercusión directa del mal momento que pasan otras compañías. Sobre todo porque al cierre de empresas, por lo tanto, ya no necesitan ningún sistema de seguridad, se ha añadido la necesidad urgente de recortar gastos tanto en el sector público como privado y muchas han optado por reducir en vigilantes y renovación de alarmas.
En la Ciudad de la Justicia, por ejemplo, en L'Hospitalet de Llobregat, ya trabajan 20 guardias menos desde hace unos meses. Los 80 que quedan trabajan más ya que a las empresas les sale más a cuenta ya que les pagan 7 euros la hora extra mientras que en horario normal, el coste medio por empleado es el doble . Javier Mirallas, presidente de Prosegur en Cataluña , con una plantilla de 5.000 personas, asegura que también se han visto obligados también a hacer algunos ajustes. "Esta reducción de la inversión en el capítulo de seguridad lo tenemos encima y lo vivimos con una cierta angustia porque es mano de obra directa, capital humano y bueno ".
Prosegur junto con 13 grandes empresas forman parte de Aproser, la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad Privada que cifra las pérdidas en facturación en un 20% desde el año 2009. Tardaron más en notar los efectos de la crisis pero finalmente los ha acabado tocando también. El capítulo en el que más se ha recortado es el de las alarmas y cámaras de videovigilancia. Anna Aisa, gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad cree que es necesario un cambio de mentalidad: "Hasta que la gente no se mentalice que invertir en seguridad no es sólo un gasto costará. Si lo ves como un gasto recortas y ya está. Ahora con dos vigilantes y una cámara ya hacen suficiente y antes quizás en este servicio había 10 personas ".
Pero aún hay otro servicio que ha sufrido restricciones. Son las furgonetas blindadas que recogen dinero a los bancos. Hay compañías que han pasado de 3 vehículos a uno cada noche: "El cierre de oficina afecta al transporte de fondos porque es una ruta menos que haces", añade Aisa. El sector está esperanzado con algunos anuncios políticos como la propuesta del Consejero de Interior de sustituir los mossos que vigilan el perímetro de las prisiones catalanas por vigilantes privados. En Cataluña hay cerca de 12.400 vigilantes de seguridad y más de 250 empresas del sector según datos de la patronal, que situándola como la segunda en todo el Estado por detrás de Madrid.

Denuncia: cesión por ESABE de personal a SEQUOR Seguridad


Ante las noticias que nos están llegando de una presunta cesión por parte de ESABE de los contratos mercantiles y de su personal a la empresa SEQUOR SEGURIDAD, este vuestro Sindicato, Unión Nacional de Trabajadores (U.N.T.), ante este asunto tan serio no puede dejar de exponeros su opinión al respecto, así como las primeras medidas que pensamos adoptar. Unión Nacional de Trabajadores, que se caracteriza por ser un sindicato totalmente libre e independiente, sin ataduras de ninguna clase, no puede consentir ni permitir que a los trabajadores de la seguridad privada de la empresa ESABE ni de ninguna otra se les intente seguir engañando y amordazando para que continúen en la precariedad más absoluta con un cambio de empresa que está siguiendo la misma política de impagos y de denuncias que ESABE. Por lo que esa cesión sólamente supondría alargar todavía más la agonía de los trabajadores de esa empresa, en la que muchos de ellos llevan meses sin cobrar. Y en vista de las denuncias e impagos que como ESABE arrastra SEQUOR, desde UNT solicitamos a los Organismos Públicos que tienen contratos con la empresa ESABE, que los servicios que tiene esa empresa se les adjudiquen a las empresas que quedaron en segunda posición o vuelvan a salir a concurso público abierto y no sean cedidos a la empresa SEQUOR. A las empresas privadas que están en esa misma situación les haremos llegar nuestra opinión para que actúen de igual manera. Por lo que nos han comentado trabajadores de la empresa ESABE, a los vigilantes de algún servicio de Organismos Públicos y empresas privadas, ya les habrían comunicado que desde el día 1 de agosto pasaban a ser trabajadores de SEQUOR. Ante esto en UNT consideramos que se podría estar cometiendo una grave irregularidad, ya que los contratos de los Organismos Públicos de seguridad privada no podrían cederse a otra empresa ,lo que podría ser una Cesión Ilegal de Trabajadores, cosa que notificaremos a los clientes de la empresa ESABE, al entender que si una empresa no puede hacerse cargo del servicio y no puede pagar los salarios ni los impuestos, el servicio tendrá que adjudicarse a la que quedó en segundo lugar en el concurso o tendrá que convocarse un nuevo concurso abierto. Según tenemos entendido, hay algunos clientes de ESABE que aprovechando el escrito que ha presentado la empresa, han decidido rescindir el contrato y llamar a varias empresas solventes para que se hagan cargo del servicio. Otros clientes van a sacar el servicio de seguridad a un concurso nuevo, por lo que si esta postura lógica se generaliza por parte de las empresas privadas y los Organismos Públicos, a ESABE no le saldría muy bien su jugada. Ante esta situación la Dirección de ESABE continúa en su postura de no querer dar información ni dialogar de este asunto con los sindicatos para explicar lo que de verdad quieren y pretenden hacer y los motivos de esta cesión de trabajadores, continuando en su postura de secretismo y engaño. En Seguridad Privada, a nadie se nos escapa a estas alturas la situación trágica que genera ESABE a muchas familias de trabajadores y resulta estúpido pensar que las Administraciones Públicas y empresas privadas, han seguido contratando a ESABE para vigilar sus instalaciones a pesar de las innumerables denuncias y sentencias de esa empresa y que también viene teniendo la empresa SEQUOR, por lo que desde UNT no podemos pensar que son desconocedores de la situación presente y de la que va a generar SEQUOR en el futuro. Por lo que no queremos pensar que esas Administraciones Públicas y empresas privadas que tienen contratos con ESABE y que piensan cederlos a SEQUOR, por los motivos que ellos sabrán, les están diciendo a los trabajadores lo mismo que una diputada el otro día en el Congreso: "Que se jodan". Evidentemente, desde UNT no vamos a permitir ni consentir posturas que perjudiquen los intereses de los trabajadores.

Corsarios de corbata mueven en Londres un negocio millonario


"La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado cuando los piratas tienen representación legal en importantes y sofisticados bufetes de Londres". En pleno secuestro del 'Alakrana', en noviembre de 2009, Carme Chacón abrió la caja de Pandora en una entrevista. ¿A quién se refería la entonces ministra de Defensa?
Semanas más tarde, resuelto el secuestro del atunero previo pago de 2,7 millones de euros, según diferentes fuentes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una causa y pidió al CNI identificar a las "personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores". Pero los servicios de inteligencia hicieron oídos sordos al requerimiento amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Fin de la historia.
El 'modus operandi' de este pujante negocio, reconocen fuentes militares, tiene su cúspide en los despachos financieros de Londres, la popular 'City'. Bufetes británicos se encargan de negociar el rescate, cobran su comisión y envían el dinero a bancos de Kenia, vecina de Somalia.
Cuando los bancos comprueban el ingreso se lo comunican al jefe de los piratas, que toma la decisión de liberar el buque y reparte las ganancias entre sus huestes. Por encima de los piratas coexiste un grupo de inversores árabes que financian la piratería y facilitan la llegada de armas y material de defensa a los bastiones piratas. Este llega en barcos procedentes de la Península Arábiga, Yemen, Omán y otros países.
"CLUBES EXCLUSIVOS"
Toda esta operación, que garantiza la retroalimentación del negocio que en 2011 recaudó 130 millones en rescates, tiene su cerebro pensante en Londres. Son consultores trajeados y confidentes de los piratas, a los que informan de las rutas marítimas y los barcos más apetecibles. Al atunero vasco 'Felipe Ruano' le estaban esperando, pero logró escapar por los pelos de un ataque en 2010 frente a la costa somalí.
Uno de estos 'clubes exclusivos' es Holmun Ferwick & Willan. En su página de internet se venden como asesores especializados en conflicto, riesgo y disponen de todo el aparato legislativo para hacer uso de los recursos de las aseguradoras -incluida la satisfacción de extorsiones económicas- sin incurrir en delito.
En la acusación velada de la exministra Chacón se leerían también los nombres de despachos legales Stephenson Harwood y otros dos bufetes que cuentan con antiguos miembros de la Armada británica,Dryad Maritime Intelligence e Ince&Co.
Ésta compañía dedica un estudio interno sobre la piratería para poner en duda la legalidad y la eficacia de la presencia de la seguridad privada en los atuneros españoles, y el apoyo económico y formativo del Ministerio de Defensa. También menciona la necesidad de pagar el rescate para solucionar un secuestro, y evitar una intervención militar. En suma, todo por la pasta.
A principios de año, el Gobierno británico de David Cameron anunció una ofensiva para parar los pies a estas firmas, que basan su negocio en el vacío legal sobre el pago de rescates.

Interior no se decide sobre la vigilancia privada en Alcolea


Interior dará a conocer "en unos meses" qué centros penitenciarios tendrán vigilancia privada después de que se anunciara en el Senado una proposición no de ley impulsada por el PP y CiU para dotar de este servicio a 25 cárceles de todo el país. Una fuente de este ministerio informó hace unos días a este diario que "aún están por decidir" las prisiones. Los vigilantes privados sustituirían en determinadas funciones como podrían ser el control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, que se verían ampliadas a la seguridad perimetral de las prisiones, tareas estas que corresponden de momento a la Guardia Civil. La idea es que presten una vigilancia actual bajo la supervisión de los agentes del instituto armado. Este proyecto ha recibido las críticas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al considerar que "pone en quiebra la seguridad ciudadana". María Santos García, portavoz de este colectivo, ha señalado que "los agentes y sus familias están muy preocupados" por los posibles traslados de destino. AUGC expone en una nota que "se acomete una privatización cuando antes habría que haberse planteado un nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que contamos", un modelo que "es altamente costoso, con duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Incendio en la lavandería del Complejo Hospitalario de Jaen


La lavandería del Complejo Hospitalario de Jaén sufrió ayer un incendio en los equipos de extracción de aire situados en la cubierta del edificio de usos múltiples ubicado en el recinto hospitalario de los centros Médico-Quirúrgico y Materno- Infantil. El comité de empresa de Prosegur, empresa de seguridad privada contratada en el recinto, indica que hay dos agentes intoxicados por inhalación de humos atendidos en Urgencias, extremo no confirmado por la dirección del hospital. El comité de Prosegur asegura que los vigilantes entraron en la planta baja junto a personal de mantenimiento y lograron controlar allí las llamas, mientras que los bomberos apagaron a su llegada el fuego en la parte superior.
El comité de Prosegur ha indicado que el protocolo de actuación en caso de incendio se hizo cuando había cuatro guardias contratados por turno, cuando ahora sólo hay dos, por lo que no se puede cumplir «con lo que supone de riesgo para la seguridad de todos».
El hospital informa de que el incendio se inició a las 15:20 horas de esta tarde en las turbinas de extracción de aire de la lavandería, y ha afectado a las citadas turbinas, conductos de evacuación, y parte del techo de la lavandería. «El personal de mantenimiento y seguridad del Complejo Hospitalario ha detectado rápidamente este incendio, lo que ha permitido poner en marcha el Plan de Emergencia».

martes, 21 de agosto de 2012

PSOE critica la "nula" presencia de Policía Local en polígono Navisa ante "vandalismo, prostitución y drogas"


El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la "falta de presencia" de Policía Local en el polígono industrial Navisa de la capital hispalense, una zona que cuenta con graves problemas de vandalismo, prostitución y drogas, según han indicado en un comunicado.
Las concejalas socialistas Susana López y Adela Castaño han visitado este lunes el polígono industrial Navisa, donde se han reunido con el presidente de los empresarios, Manuel Martín, que les ha relatado los "numerosos problemas de seguridad que arrastra el recinto".
Así, los socialistas aseguran que ante la "ausencia de la Policía Local, en el parque industrial son habituales la prostitución, los actos vandálicos, las 'botellonas' e incluso el consumo de drogas", unas prácticas que sólo se han atenuado en los últimos meses por la "presencia de seguridad privada", según afirman. De este modo, desde el PSOE apuntan que el presidente les ha trasladado que, si bien hay patrullas de la Policía Nacional que visitan en el parque industrial a menudo, la presencia de la Policía Local es "nula".
En este sentido, indican que en los partes de la empresa de seguridad privada correspondientes con el mes de agosto se puede observar "cómo la Policía Local ni siquiera puede atender a los avisos tras ser localizados focos de prostitución o destrozos por el vandalismo".
Como ejemplo, señalan que el pasado 15 de agosto, tras un intento de robo, la empresa de seguridad dio parte al 112 ante los daños causados en una nave, si bien "la Policía Local se puso en contacto con la compañía de seguridad para preguntarle si podía realizar la reparación sin que tuvieran que desplazarse agentes hasta el parque industrial".
López ha defendido que "los polígonos son una pieza fundamental para la reactivación económica de la ciudad y no pueden estar abandonados de esta forma", por lo que ha trasladado al presidente de los empresarios de Navisa que realizarán los trámites oportunos para analizar por qué Navisa no está en la Junta Municipal de Seguridad del distrito y, a continuación, solicitará su incorporación de forma inmediata.

CCOO se opone a la privatización en las prisiones que en la de Córdoba se prevé aplicar tras el verano


La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha puesto de manifiesto que no quiere privatizaciones en prisiones, ni de la seguridad exterior, ni muchísimo menos en el interior, en lo que supone el trato directo con los internos. Y es que, en opinión de la organización sindical, el secretario de Estado sostiene en sus declaraciones criterios de ambigüedad que hacen posible este tipo de privatizaciones en Instituciones Penitenciarias.
El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha asegurado que "la privatización genera inseguridad en las prisiones, resulta más cara que el servicio público con personal público y la experiencia demuestra que el trabajo lo acaban asumiendo los recursos públicos, mientras que los beneficios se los llevan las empresas privadas". Por tanto, "no hay ninguna necesidad objetiva para privatizar prisiones, al margen de los intereses de los grupos de presión e intereses de las empresas de seguridad". Según esto, la Administración gastará más dinero público con esta fórmula. Desde CCOO se pide que, si tienen ese dinero, lo empleen en la contratación de personal para abordar los problemas reales de prisiones, ha añadido Mena.
Para el sindicato, además de las razones de carácter jurídico, económico y de seguridad que obligan a mostrar su rechazo a las privatizaciones, se pone especial acento en el problema real de estos centros, "es decir, en la falta de plantilla". En ese sentido, ha recordado que se han propuesto medidas concretas que permitirían abordar esta situación, como son la posibilidad de promoción cruzada del personal laboral, la prevención contra el deterioro y el envejecimiento prematuro de las plantillas y la contratación de personal interino, entre otras, así como la "no supresión de recursos en la Administración y su aprovechamiento en Instituciones Penitenciarias".
Mena ha explicado que la vigilancia, la reinserción y la custodia de las personas internas es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que la Administración intenta privatizar modificando el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados. Por tanto, "es un salto cualitativo del Ministerio del Interior, con un objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones similar al de Estados Unidos, a la vez que siguen las consignas neoliberales, como ya está ocurriendo en educación y sanidad", ha concretado el representante sindical.
CCOO sigue insistiendo y comunicando a la Administración Penitenciaria que la falta de personal en prisiones se debe de resolver respetando el mandato constitucional de tutela del Estado en el cumplimiento de las condenas y que, para ello, la salida más barata y eficaz es reciclar a los empleados y empleadas públicos que quieren mandar a la "calle" y que proceden de otras administraciones. También es viable la contratación de personal interino y personal laboral que suponen otra alternativa, al ser también personal de los servicios públicos.
CCOO quiere señalar que, la privatización de los centros penitenciarios pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias, reconocido constitucionalmente y cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad (Artículo 25.2 de la Constitución Española).
Según CCOO, este modelo que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy comenzará después del verano a sustituir en las cárceles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privados, y la sustitución se llevará a cabo, en un principio, en 21 cárceles. Por tanto, "las personas recluidas y los trabajadores y trabajadoras no estarán bajo el mandato del Estado, estarán al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos", ha destacado el sindicato.
Por ello, se verán afectados los funcionarios de la Prisión de Córdoba, y en opinión de CCOO, con estas medidas no se conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios, ha apostillado Mena.