lunes, 23 de abril de 2012

Las infracciones laborales triplican los ingresos de Traballo por multas hasta casi 10 millones

La crisis ha derivado en un aumento de las infracciones laborales por parte de las empresas, que en muchos casos han derivado directamente en abusos. Es la conclusión que se obtiene de los datos de inspecciones en materia de trabajo realizados el año pasado, que han permitido a la Xunta ingresar 6,4 millones de euros en multas, más del doble que el ejercicio anterior (2,6) y casi tres veces más que en 2009 (3,6). Además, la Consellería de Traballo ingresará en breve otros 3,4 millones procedentes de sanciones impuestas en ejercicios anteriores y todavía no cobrados. En total, entre el año pasado y este, el Gobierno gallego ingresará casi diez millones. Un ejemplo del incremento de la gravedad de las faltas cometidas por las empresas se produjo durante el año pasado en la provincia de Pontevedra, donde una empresa recibió la multa más alta de las impuestas por la Inspección de Trabajo: 90.151 euros. El motivo fue la cesión ilegal de trabajadores de una firma a otra, una práctica prohibida en el artículo 43 del Estatuto de Trabajadores. Campañas de control Los datos de la Consellería de Traballo e Benestar muestran que los expedientes abiertos no solo no se han incrementado, sino que han disminuido, por lo que el incremento de la recaudación deriva de la mayor agilidad en el cobro de las multas, la mayor gravedad de las infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y el lanzamiento de campañas específicas sobre salud laboral y contra el fraude. La inspección laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, es la que indaga sobre el modus operandi de las firmas e impone las sanciones, mientras que es la Xunta la que tramita y recauda con una excepción de las multas de la Seguridad Social. Esas son cobradas por la Administración central y suelen ser las más numerosas y las que más ingresos generan. En los primeros treses meses del año pasado, se impusieron casi 1.400 que supusieron para el Gobierno central 3,9 millones de euros. Durante el año pasado, según los datos a los que ha tenido acceso este diario, la Inspección de Trabajo resolvió 2.657 expedientes, por 2.668 de 2010. La mayor parte de las sanciones se refiere a la infracción de la normativa en materia de seguridad y salud laboral (1.708, es decir un 64,2%). Estas infracciones comprenden la no aplicación de la normativa en materia de seguridad laboral tanto en lo relativo al equipo de los trabajadores como a su formación. En el primer caso, se detecta la falta de medios de protección en trabajos peligrosos que pueden suponer un riesgo para los empleados. Fuentes del departamento de Beatriz Mato destacan además que la inspección ha detectado "numerosos expedientes" en lo que los contratistas principales se desvinculan del incumplimiento de esta normativa por parte de las subcontratas. El 35% restante de las sanciones (949) se refiere a obstrucciones a la inspección e infracciones graves, como la contratación de personal por menos horas de las que trabaja, retrasos en los pagos o la cesión ilegal de trabajadores. En esta categoría se engloba la citada empresa de Pontevedra. Las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral oscilan entre los 40 y los 819.780 euros en casos de infracciones en materia de seguridad y salud laboral y entre los 60 y los 187.515 por obstruir el trabajo de los inspectores de trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 306/2007 del 2 de marzo.

La transferencia de la inspección a la comunidad lleva aparcada desde la anterior legislatura La Inspección de Trabajo era una de las trece competencias que el bipartito negoció traspasar a Galicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que cerró siete transferencias menores durante su mandado, la mitad que con el País Vasco. La irrupción de la crisis económica dejó en un segundo plano tanto este asunto como el del nuevo Estatuto de Autonomía y las administraciones tanto central como autonómica fijaron su atención exclusivamente en el ámbito económico. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo señaló como prioritarias trece competencias y mantuvo la vigencia de este paquete de traspasos hasta el año pasado, donde la incluyen meteorología, la titularidad de la AP-9 y la AP-53 –estas solicitadas en el Parlamento gallego- e Inspección de Trabajo, así como museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, obras hidráulicas; dominio público hidráulico, vigilancia pesquera o investigación oceanográfica, entre otras. Tras el frenazo del Gobierno de Zapatero, no parece que resulte prioritario para la Xunta de Feijóo abrir este debate con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por su parte, Cataluña sí recibió durante la Administración socialista esta transferencia competencial. Colaboración Tal y como está la situación, la Inspección de Trabajo depende orgánicamente del Ministerio de Trabajo. L as actas de infracción son levantadas por sus funcionarios, aunque es la comunidad autónoma la que recauda el importe de las sanciones y los ingresa. Aún así, pueden establecer programas de actuación conjuntos.

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