domingo, 20 de mayo de 2012

Interior no puede asumir el coste de las vacaciones para agentes de la Guardia Civil

La hipoteca que dejó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero está obligando al Gobierno de Mariano Rajoy a dejar sin efecto contrataciones que ya habían sido prácticamente encauzadas debido a la imposibilidad de asumir el coste del servicio por completo dada la situación de las maltrechas arcas públicas. Así, uno de los últimos contratos que han paralizado los populares ha sido el alquiler de 4.200 plazas, distribuidas en hoteles y apartahoteles, para las vacaciones de agentes de la Guardia Civil en las temporadas estivales del presente año y el siguiente.
La licitación del mismo comenzó a las puertas de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, con el agravante de que el entonces ministro del Interior, Antonio Camacho, ni siquiera esperó a un eventual traspaso de poderes para dar el visto bueno inicial a un desembolso de 2.712.312 euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Unas cuentas que, por cierto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni se preocupó de prorrogar y que todavía siguen vigentes hasta la próxima entrada en liza de los Presupuestos de urgencia 2012, los cuales todavía se hallan en la última fase de tramitación parlamentaria. No obstante, a la espera de que se apruebe definitivamente el ajuste en Interior de 337 millones (el 4,3%) con respecto al ejercicio anterior, el ministerio que ahora capitanea Jorge Fernández Díaz se ha visto obligado a cancelar dicho concurso, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado, con posterioridad a su licitación por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, tuvo lugar el 1 de diciembre. En el acuerdo de renuncia a la celebración del contrato, que acaba de ser firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el ministerio relata que la mesa de contratación, reunida al efecto, llegó a proponer el 7 de febrero a varias firmas a cubrir los lotes de plazas hoteleras que se habían ofertado.
Sin embargo, acto seguido, en dicho acuerdo de cancelación al que ha tenido acceso este periódico, se explica que “en el transcurso de tiempo que media en la instrucción de este procedimiento ha surgido un nuevo escenario en este departamento ministerial que reduce su disponibilidad económica, como consecuencia de la reducción aplicada por el Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales de 2012”. Ulloa enmarca la revocación del contrato en la necesidad de ahorrar en aquellas partidas sobre las que todavía hay margen de maniobra, ante el drástico recorte que albergan las próximas cuentas. Y lo expresa así: “A la vista de la reducción del subconcepto de ‘Acción Social’ y pese a las diversas acciones adoptadas por la Dirección General de la Guardia Civil para optimizar los créditos disponibles, las circunstancias imponen un esfuerzo de austeridad sin precedentes”. Sacrificio, añade, que lleva consigo “priorizar las ayudas y descartar aquellas que pudieran ser consideradas, en el contexto actual, menos necesarias”.
De este modo, el Instituto Armado no destinará ayudas a sufragar el 40% del coste total de cada hotel/apartahotel para siete noches (el porcentaje restante iba a corresponder a la aportación individual de los usuarios, que pagarían directamente la cantidad a la empresa adjudicataria).
Zonas costeras
El programa que había previsto el departamento de Interior con Camacho al frente consistía en la disposición de 15 destinos repartidos por la amplia geografía española, debiendo cumplir los hoteles con el requisito indispensable de estar situados “en primera línea de playa o a 200 metros de la costa como máximo”. Los lugares requeridos eran Sada (La Coruña); Isla (Cantabria); Benicásim y Peñíscola (Castellón); Motril (Granada); Torre del Mar y Fuengirola (Málaga); Rota (Cádiz); Matalascañas (Huelva); Roquetas de Mar, Vera y Mojácar (Almería) y La Manga (Murcia).


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