martes, 21 de agosto de 2012

CCOO se opone a la privatización en las prisiones que en la de Córdoba se prevé aplicar tras el verano


La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha puesto de manifiesto que no quiere privatizaciones en prisiones, ni de la seguridad exterior, ni muchísimo menos en el interior, en lo que supone el trato directo con los internos. Y es que, en opinión de la organización sindical, el secretario de Estado sostiene en sus declaraciones criterios de ambigüedad que hacen posible este tipo de privatizaciones en Instituciones Penitenciarias.
El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha asegurado que "la privatización genera inseguridad en las prisiones, resulta más cara que el servicio público con personal público y la experiencia demuestra que el trabajo lo acaban asumiendo los recursos públicos, mientras que los beneficios se los llevan las empresas privadas". Por tanto, "no hay ninguna necesidad objetiva para privatizar prisiones, al margen de los intereses de los grupos de presión e intereses de las empresas de seguridad". Según esto, la Administración gastará más dinero público con esta fórmula. Desde CCOO se pide que, si tienen ese dinero, lo empleen en la contratación de personal para abordar los problemas reales de prisiones, ha añadido Mena.
Para el sindicato, además de las razones de carácter jurídico, económico y de seguridad que obligan a mostrar su rechazo a las privatizaciones, se pone especial acento en el problema real de estos centros, "es decir, en la falta de plantilla". En ese sentido, ha recordado que se han propuesto medidas concretas que permitirían abordar esta situación, como son la posibilidad de promoción cruzada del personal laboral, la prevención contra el deterioro y el envejecimiento prematuro de las plantillas y la contratación de personal interino, entre otras, así como la "no supresión de recursos en la Administración y su aprovechamiento en Instituciones Penitenciarias".
Mena ha explicado que la vigilancia, la reinserción y la custodia de las personas internas es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que la Administración intenta privatizar modificando el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados. Por tanto, "es un salto cualitativo del Ministerio del Interior, con un objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones similar al de Estados Unidos, a la vez que siguen las consignas neoliberales, como ya está ocurriendo en educación y sanidad", ha concretado el representante sindical.
CCOO sigue insistiendo y comunicando a la Administración Penitenciaria que la falta de personal en prisiones se debe de resolver respetando el mandato constitucional de tutela del Estado en el cumplimiento de las condenas y que, para ello, la salida más barata y eficaz es reciclar a los empleados y empleadas públicos que quieren mandar a la "calle" y que proceden de otras administraciones. También es viable la contratación de personal interino y personal laboral que suponen otra alternativa, al ser también personal de los servicios públicos.
CCOO quiere señalar que, la privatización de los centros penitenciarios pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias, reconocido constitucionalmente y cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad (Artículo 25.2 de la Constitución Española).
Según CCOO, este modelo que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy comenzará después del verano a sustituir en las cárceles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privados, y la sustitución se llevará a cabo, en un principio, en 21 cárceles. Por tanto, "las personas recluidas y los trabajadores y trabajadoras no estarán bajo el mandato del Estado, estarán al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos", ha destacado el sindicato.
Por ello, se verán afectados los funcionarios de la Prisión de Córdoba, y en opinión de CCOO, con estas medidas no se conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios, ha apostillado Mena.