UGT de Baleares está estudiando interponer una demanda contra el Govern a  raíz del anuncio efectuado este miércoles por el vicepresidente  económico, Josep Ignasi Aguiló, quien manifestó que el Ejecutivo balear  dejará de pagar el próximo año ayudas por valor de 1,5 millones de euros  destinadas a sindicatos y asociaciones empresariales. Una medida que, a  juicio de su secretario general, Lorenzo Bravo, "entra en la órbita de  las ejercidas por Thatcher y Reagan" al equipararla con las políticas  conservadoras que impulsaron en su día la ex primera ministra del Reino  Unido y el ex presidente de Estados Unidos.
Sólo USO ha  considerado que la supresión de la subvención por participación  institucional es "a todas luces acertada", ya que los sindicalistas  acumulan horas de los delegados en las empresas o les paga el sindicato a  través de las cuotas de los afiliados para ejercer funciones de  representación ante las respectivas Instituciones.
En cuanto a la  subvención "de fomento del hecho sindical", el sindicato ha anunciado  que exigirá al Govern que si se elimina a los sindicatos y patronales,  "que también supriman la subvención a los partidos políticos que cobran  al igual que los sindicatos por el numero de votos o de representantes  elegidos en las instituciones".
Durante la rueda de prensa que  han ofrecido de forma conjunta UGT y CCOO, en la que Bravo, tras señalar  que la demanda ya está redactada, ha justificado que con la retirada de  estas ayudas se está vulnerando la Ley de Participación Institucional  de las Organizaciones Sindicales. Al respecto, la secretaria general de  CCOO, Katiana Vicens, ha aseverado que, ya que esta normativa como la  Ley Electoral "tienen el mismo espíritu, si se deja de aplicar una que  también se deje de aplicar la otra y se deje de subvencionar a los  partidos políticos".
Tal y como ha puesto de manifiesto Vicens en  su intervención ante los medios, tras el encuentro mantenido este  jueves con los representantes de los sindicatos y las asociaciones  empresariales para comunicarles su actuación, "nos quedó claro que no  hay diálogo social y no contamos con que lo vaya a haber, ya que para el  Govern la defensa de los derechos de los trabajadores, el fomento de  unas condiciones dignas y el respeto de los convenios colectivos no es  una prioridad. Les es absolutamente igual", ha reprochado.
Así  las cosas, la responsable sindical ha reclamado al Ejecutivo presidido  por José Ramón Bauzá que especifique "cuáles son sus prioridades", al  tiempo que ha considerado "desacertado" que durante el encuentro de ayer  Aguiló manifestase que "una de sus prioridades son las sillas de  ruedas". "No entendemos cómo un cargo público que debería cuidar más su  lenguaje puede referirse de forma tan despectiva a este colectivo", ha  lamentado.
En este contexto, la secretaria general de CCOO ha  considerado que las relaciones con el Govern "no pueden empeorar más" y  ha vaticinado que "lo único que puede pasar es que no haya relación con  los agentes sociales". "Después de cinco meses de gobierno, el Ejecutivo  continúa absolutamente inoperante y no sabe cómo gestionar a los 76.000  desempleados que hay en la Comunidad", ha aseverado Vicens, quien se ha  lamentado además que la Administración pública deje de invertir fondos  propios en los servicios de orientación para los parados.
Asimismo,  ha subrayado que el Govern "está poniendo en peligro" la convocatoria  para 2011 de formación para ocupados, a la que debían destinarse ocho  millones de euros procedentes de Madrid, que a su parecer "no pagará el  dinero si el Ejecutivo balear no pone en marcha esta iniciativa". Es por  ello que ha tildado de "falacia" el hecho de que el Govern considere la  formación "como la autopista del futuro".
"Intentan ahogar toda  organización ciudadana de estas islas, tanto las que prestan servicios  sociales como las que defienden los derechos de los más desfavorecidos, y  lo justifican diciendo que hay otras prioridades por las que abogan  únicamente en base a cuestiones mediáticas", ha criticado Vicens, quien  finalmente se ha referido a la situación que atraviesa el sector  turístico al considerar que el cambio de usos en Mallorca anunciado por  la Conselleria de Turismo "destruirá puestos de trabajo".
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