domingo, 5 de agosto de 2012

El PSOE acusa a Fernández Díaz de querer privatizar la seguridad en las prisiones y pide que comparezca en el Congreso

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Muñoz, ha expresado hoy su "oposición plena" a los planes del Gobierno que, a su juicio, pretende privatizar la seguridad en las prisiones. Por ello ha reclamado la comparecencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique sus planes en esta materia.
El Ministerio acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de "vigilancia auxiliar" en las cárceles, una iniciativa que se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios.
Según el Ministerio, el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.
En un escrito registrado en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista reclama la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que se debata la comparecencia del Ministro del Interior "para informar de la sustitución de Policía y Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como de funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior, por servicios de seguridad privada".
"LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN NEGOCIO"
Para el portavoz socialista de Interior, esta decisión supone el "primer paso para la privatización del sistema penitenciario" y ha advertido de que el sistema penitenciario "requiere, como toda seguridad ciudadana, que se ejerza por funcionarios públicos". En este sentido, Muñoz ha recordado que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye "vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran".
"La seguridad no puede ser entendida como un negocio y cercenar cada vez porciones más amplias de servicios públicos como la seguridad, que, como ha recordado, pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos", ha denunciado Muñoz.
En su opinión, la justificación que da el Gobierno "es un argumento falso" porque "la seguridad privada puede reubicarse en otras funciones, pero nunca en lo que es competencia de los funcionarios públicos".
"No se pueden sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica", ha denunciado.
FUENTE:  www.expansion.com