El director insular de la Administración del Estado, Rafael García
Vila, aseguró ayer que el servicio de vigilancia privada contratada por
la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía «es totalmente ilegal»
porque «va en contra de la Ley de seguridad ciudadana». «La vigilancia
privada se puede poner de la acera hacia adentro, en un establecimiento o
en un domicilio, pero no en la calle», afirmó el representante del
Gobierno en las Pitiüses.
El servicio de vigilancia privada
que 43 hoteleros del núcleo urbano pusieron en marcha hace un mes para
cuidar de sus establecimientos y patrullar las calles del casco urbano
fue interrumpido en la noche del jueves después de que la Policía
Nacional levantara acta y tomara declaración a la empresa responsable y
le aconsejara dejar de cumplir esta función.
La misma, según
adelantó, era llevada a cabo por cuatro vigilantes de la empresa
bautizados como «agentes cívicos», «serenos» o «ciudadanos ejemplares»
que daban apoyo a los hoteles de la zona y hacían rondas de vigilancia
por las calles aledañas de los establecimientos, entre las 00,00 y las
7,00 horas, llamando la atención sobre comportamientos incívicos o a la
policía en caso de ver ilegalidades.
Ahora, el director
insular está «pendiente de un informe de la Policía para elevarlo a la
Delegación de Gobierno», aunque, según indicó, no fue el encargado de
dar la orden para quitar de las calles esta iniciativa, apoyada a viva
voz por la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez. «No es un cosa
que se tenga que dar la orden, es por ley, y la Ley de seguridad
ciudadana está establecida así», insistió García Vila.
Los
hoteleros integrados en la asociación de Sant Antoni se mostraron ayer
«muy mosqueados» porque este proyecto, que creen bueno ante la falta de
más efectivos de fuerzas de seguridad que mantengan el orden público, se
ha visto perjudicado porque «se ha politizado mucho».
Se podría restablecer
El
vicepresidente de la asociación, Juanjo Planells, explicó que el
servicio no se ha retirado sino que está «interrumpido» a la espera de
solucionar «algunos flecos». «Entendemos que se podrá restablecer»,
afirmó, y expresó su deseo de que sea así en los próximos días.
Planells
defendió que los vigilantes «van de establecimiento en
establecimiento». «Y claro que van por la calle y si ven algo actúan
como un ciudadano, pero no detienen ni persiguen a nadie», insistió.
Las
críticas de la oposición porque la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, haya
apoyado este servicio no se hicieron esperar. «Aplaudimos la iniciativa
privada, en este caso de los empresarios de hostelería, que han
contratado a estos bien llamados agentes cívicos que con su presencia en
nuestras calles colaboran y ayudan a los turistas a disfrutar mejor de
su estancia en nuestro pueblo», aseguró Gutiérrez en su facebook.
Para
PSOE-Pacte, la alcaldesa «no se merece seguir en su puesto porque ha
metido la pata hasta el no va más». «Le exijo que se vaya, no está
capacitada para ser alcaldesa después de cubrir una cosa que era ilegal a
todas luces», criticó el portavoz del grupo municipal Josep Marí
'Marge'.
Según el concejal de Nova-A, Juan Torres, «el equipo
de gobierno ha mostrado su incompetencia al apoyar una actuación que
parece ser ilegal y que sentaba un precedente muy peligroso porque había
que recurrir a los particulares para garantizar la seguridad, cuando
debe hacerlo el Estado».
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant
Antoni, en una escueta nota de prensa, se limitó a asegurar que «tiene
constancia de que se continúa con la contratación de este servicio» que,
insistió, «es de iniciativa privada».
FUENTE : http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/direccion-insular-dice-vigilancia-privada-calles-sant-antoni-totalmente-ilegal.html
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